Congreso dio luz verde a ley que eleva hasta 50 años las penas por reclutamiento de menores

La denominada ley “Por la Niñez y Adolescencia Libre” fue respaldada por 122 congresistas y establece un aumento sustancial en las penas de prisión, además de la creación de mecanismos de prevención, monitoreo y seguimiento frente a este delito que continúa afectando a distintas regiones del país.

Con la aprobación del proyecto, las condenas por reclutamiento ilícito de menores pasarán de un rango que actualmente oscila entre 13 y 23 años de prisión a penas de entre 40 y 50 años, que corresponden al límite máximo contemplado por el sistema penal colombiano. La iniciativa fue impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, y contó con la coordinación de la representante Ana Paola García.

Durante la discusión del proyecto, los promotores de la norma señalaron que el propósito es fortalecer las herramientas jurídicas para sancionar a quienes involucren menores de edad en estructuras criminales, grupos armados ilegales u otras actividades ilícitas. La ley incorpora además una serie de medidas orientadas a la prevención del reclutamiento y a la identificación temprana de factores de riesgo que afectan a la población infantil y adolescente.

Entre los componentes incluidos en la iniciativa se encuentra el diseño de una política pública de prevención que será desarrollada con participación de Inravisión y la Defensoría del Pueblo. El articulado también contempla acciones relacionadas con el uso de plataformas digitales, debido a que, según los impulsores del proyecto, estos espacios han sido utilizados en algunos casos para contactar y captar menores de edad.

Otro de los aspectos aprobados es la creación de un observatorio y de un sistema nacional de estadísticas sobre reclutamiento de menores. Estas herramientas tendrán la función de recopilar información, realizar seguimiento cuantitativo y cualitativo a los casos reportados y generar insumos para la formulación de políticas públicas y estrategias institucionales.

La aprobación de la ley se produce en medio de un debate sobre la eficacia del endurecimiento de las penas como mecanismo para combatir la criminalidad. En mayo pasado, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, manifestó que la evidencia disponible apunta a que el aumento de las sanciones no necesariamente se traduce en una reducción de los delitos y sostuvo que los modelos de justicia restaurativa han mostrado resultados en materia de prevención.

Las cifras sobre reclutamiento de menores fueron uno de los elementos que impulsaron la discusión de la iniciativa en el Congreso. De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, durante 2025 se registraron 257 casos de menores víctimas de reclutamiento forzado en Colombia. Del total de casos reportados, el 47% correspondió a menores pertenecientes a comunidades indígenas.

Los departamentos con mayor número de registros fueron Cauca, con 93 casos; Antioquia, con 23; Chocó, con 22; y Valle del Cauca, con 10. Según la información recopilada por las autoridades, las disidencias lideradas por Iván Mordisco concentraron el 47,1% de los casos reportados, mientras que el ELN representó el 11,7% y el Ejército Gaitanista de Colombia el 8,2%.

Las cifras históricas también muestran la dimensión del fenómeno. La Fiscalía General de la Nación ha reportado cerca de 3.000 menores reclutados entre 2010 y 2025, mientras que la Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado aproximadamente 20.000 casos ocurridos entre 1996 y 2025. A nivel internacional, Naciones Unidas ha incluido a Colombia entre los países donde continúa registrándose el reclutamiento de menores en contextos de conflicto armado. Tras superar su trámite legislativo en el Congreso, la iniciativa pasará ahora a la etapa de sanción presidencial para convertirse oficialmente en ley de la República.

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