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Gobernadores pidieron ampliar veeduría internacional y advirtieron riesgos por desinformación de cara a segunda vuelta

Los mandatarios regionales reunidos en la FND exigieron garantías plenas para el proceso electoral del 21 de junio y alertaron sobre denuncias de constreñimiento al elector en varias regiones del país.

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Gobernadores pidieron ampliar veeduría internacional y advirtieron riesgos por desinformación de cara a segunda vuelta

Al término de una reunión extraordinaria de la Federación Nacional de Departamentos (FND), los gobernadores del país emitieron un pronunciamiento conjunto en el que fijaron una postura frente a las condiciones de cara a la segunda vuelta presidencial. El mensaje, según señalaron, busca “blindar el proceso democrático” en medio de un ambiente marcado por tensiones políticas y denuncias en distintos territorios.

Desde Bogotá, los mandatarios destacaron en primer lugar el desarrollo de la jornada electoral del pasado 31 de mayo, reconociendo el papel de las autoridades. En el documento se afirma que Colombia “dio ejemplo de confianza en las instituciones y se expresó legítimamente frente al proceso electoral”, en referencia al comportamiento ciudadano durante la primera vuelta.

Sin embargo, el núcleo del pronunciamiento se concentra en una serie de solicitudes y advertencias dirigidas tanto al Gobierno Nacional como a los actores políticos. Una de las principales exigencias es la ampliación de la observación internacional. Los gobernadores pidieron formalmente “extender y robustecer el acompañamiento de las misiones de observación internacional”, al considerar que su presencia representa “una garantía adicional que blinda la transparencia del escrutinio y genera tranquilidad en todos los sectores políticos”.

A la par, hicieron un llamado enfático para que el proceso electoral se desarrolle sin presiones sobre los votantes. En el comunicado se subraya que “votar en paz es un derecho: sin coerción ni miedo”, insistiendo en que el ejercicio democrático debe estar libre de cualquier forma de violencia o intimidación. Esta advertencia se sustenta en denuncias conocidas por algunos gobernadores sobre posibles casos de constreñimiento al elector en departamentos como Guaviare, Caquetá y Meta.

En ese contexto, los mandatarios regionales solicitaron al Gobierno Nacional una articulación efectiva que permita garantizar la seguridad durante la jornada del próximo 21 de junio. Señalaron que el Estado de Derecho “se sostiene sobre la libertad del elector”, por lo que consideran indispensable que existan condiciones reales para que los ciudadanos acudan a las urnas con plena confianza.

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento tiene que ver con el ambiente político y el discurso público. Los gobernadores enviaron un mensaje directo a líderes políticos, servidores públicos y formadores de opinión, advirtiendo sobre los riesgos de la desinformación. En el documento se lee que Colombia requiere que quienes lideran “den ejemplo absoluto de respeto por la institucionalidad” y actúen con responsabilidad para proteger el sistema electoral.

En esa línea, hicieron un llamado a frenar los discursos que puedan escalar tensiones. Según el texto, es necesario evitar “acciones y comentarios desmedidos e irresponsables que inciten a la violencia”, en un momento en el que el país se prepara para una nueva jornada decisiva en las urnas.

El pronunciamiento también incluyó un recordatorio sobre los límites institucionales en materia electoral. Los gobernadores señalaron que el ordenamiento jurídico define con claridad las competencias en este ámbito y advirtieron que “en ningún caso, el ejecutivo nacional puede suplantar dichas funciones”, en una referencia a la necesidad de respetar la independencia de las autoridades electorales.

Finalmente, los mandatarios regionales pusieron sobre la mesa una preocupación estructural que trasciende el proceso electoral. En el documento reclamaron que el próximo gobierno garantice una relación efectiva con los territorios, insistiendo en la importancia de una articulación real y descentralizada. Advirtieron que el desarrollo del país y la superación de las crisis sociales dependen de “un trabajo conjunto y sin exclusiones, entre el nivel central y los territorios”.

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