(EN VIDEO) CNE anunció ajustes a ley de encuestas tras críticas de firmas y salida de GAD3 de Colombia

La discusión sobre la aplicación de la ley tomó mayor relevancia después de que la firma española GAD3 informara que dejará de realizar encuestas electorales en Colombia, argumentando que las exigencias actuales hacen inviable el desarrollo de estudios bajo sus metodologías habituales. El Consejo Nacional Electoral reconoció durante el encuentro que algunos apartados de la norma resultan restrictivos y requieren revisión en la próxima legislatura.

Álvaro Montenegro, integrante de la Comisión Técnica de Encuestas del CNE, señaló que las observaciones formuladas por las empresas han evidenciado limitaciones dentro del actual marco normativo. Según explicó, varias firmas han insistido en que la ley establece condiciones demasiado restrictivas para ciertos tipos de medición y además deja por fuera metodologías de muestreo que actualmente son utilizadas en otros países.

El comisionado indicó que el organismo ya trabaja en un documento que será presentado al Congreso con propuestas de modificación a la ley. Aclaró que la iniciativa será construida con participación de las firmas encuestadoras y que el objetivo es discutir cambios relacionados con los procedimientos técnicos exigidos para la elaboración de estudios electorales.

La Ley 2494 de 2025 establece que las encuestas de intención de voto deben realizarse con muestras probabilísticas y mecanismos que permitan verificar que cualquier ciudadano tuvo una posibilidad cuantificable de ser seleccionado dentro del estudio. La interpretación de esa disposición ha sido uno de los principales puntos de conflicto entre las empresas y la Comisión Técnica del CNE.

Según representantes de firmas encuestadoras, la aplicación práctica de la norma limita especialmente las mediciones telefónicas. Varias compañías han cuestionado que las autoridades electorales solo consideren válidos determinados esquemas de recolección de datos, principalmente las encuestas presenciales domiciliarias.

Durante el foro, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, explicó que la ley obligó a crear una comisión técnica independiente encargada de evaluar metodologías y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma. Indicó además que los integrantes de esa comisión fueron seleccionados a partir de hojas de vida enviadas por universidades acreditadas en estadística.

Desde las empresas encuestadoras también surgieron cuestionamientos sobre los criterios utilizados para evaluar la representatividad de las muestras telefónicas. James Patiño, representante de JPG Investigación de Mercados, señaló que en Colombia existen cerca de 96 millones de líneas telefónicas registradas, un volumen que, según explicó, resulta imposible de adquirir de manera integral como base de trabajo para los estudios.

En respuesta, miembros de la Comisión Técnica indicaron que el punto central no es el tamaño de las bases de datos, sino la capacidad de demostrar que la selección de la muestra fue aleatoria y representa la diversidad del electorado. El comisionado Andrés Cruz sostuvo que una base telefónica no constituye una muestra por sí sola y que lo relevante es el procedimiento utilizado para construirla.

Durante el encuentro también intervino Narciso Michavila, presidente de la firma española GAD3, quien cuestionó las decisiones adoptadas por la Comisión Técnica y reiteró que la compañía no continuará realizando encuestas electorales en Colombia. Según explicó, las condiciones exigidas por el actual modelo regulatorio impiden aplicar los métodos de trabajo que la firma utiliza en otros países.

Michavila señaló que GAD3 emplea en España el mismo sistema de medición telefónica que utilizaba en Colombia y aseguró que esas metodologías continúan vigentes en procesos electorales europeos. El directivo afirmó además que las exigencias actuales del CNE dificultan el desarrollo de estudios con los estándares científicos que maneja la compañía.

Otro de los temas discutidos durante el foro estuvo relacionado con la publicación de información considerada sensible por las encuestadoras, entre ella los marcos muestrales utilizados en sus investigaciones. Representantes de firmas como Invamer y Cifras y Conceptos expresaron preocupación por la divulgación de datos que consideran parte de sus procesos técnicos y comerciales.

Desde el Consejo Nacional Electoral se respondió que únicamente se publican los documentos exigidos por la ley y que la información reservada cuenta con mecanismos de protección dentro de la plataforma institucional. Sin embargo, algunos magistrados reconocieron que existen aspectos administrativos y técnicos que pueden ser ajustados.

El magistrado Álvaro Echeverry defendió el trabajo adelantado por la Comisión Técnica y sostuvo que la elevación de estos procedimientos al rango de ley representa un cambio dentro del sistema electoral colombiano. También recordó que la normativa contempla sanciones económicas para las firmas que incumplan los requisitos establecidos, las cuales pueden superar los $40 millones de pesos.

Mientras avanzan las discusiones sobre posibles modificaciones, las disposiciones actuales continúan vigentes para todas las empresas registradas ante el Consejo Nacional Electoral que deseen publicar encuestas de intención de voto durante los procesos electorales en Colombia.

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