De La Espriella amplió denuncias por presunta compra de votos y señala nuevos nombres en varias regiones del país

La tensión política de cara a la segunda vuelta presidencial sigue escalando. Esta vez, el candidato Abelardo De La Espriella volvió a lanzar nuevas acusaciones sobre un presunto entramado de compra de votos que, según afirma, buscaría influir de manera ilegal en el resultado electoral.

En sus más recientes declaraciones, el aspirante aseguró que recibió nueva información que amplía la lista de personas que, presuntamente, estarían involucradas en esa operación política. “Nuevos nombres se suman a la lista: Andrea Vargas, representante a la Cámara por el Atlántico. En Córdoba está operando la viceministra de Defensa, Angélica Verbel, y Luis Llinás (ex-DIAN y ex-UIAF) en otros departamentos; y en Risaralda, Rodrigo Toro, exalcalde de Santa Rosa de Cabal”, afirmó el candidato.

El pronunciamiento se suma a una serie de denuncias que De La Espriella ha venido realizando durante los últimos días y que han encendido el debate público en la recta final de la campaña.

El abogado y aspirante presidencial ya había advertido sobre lo que calificó como una “presunta operación de compra de votos” en distintas regiones del país. Según su versión, existiría una estructura integrada por políticos, empresarios y líderes regionales cuyo objetivo sería alterar la voluntad popular en la jornada electoral.

En su primera denuncia, De La Espriella mencionó una larga lista de nombres, entre ellos Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Eduardo Pulgar, Euclides Torres, Agmeth Escaf, Juan Carlos Muñiz y Pedro Flórez, además de miembros del denominado clan de los hermanos Calle y otros dirigentes regionales.

Horas más tarde, el candidato amplió nuevamente ese listado con tres nombres adicionales: Felipe Harman, Alexandra Pineda y Daniel Quintero, a quien identificó con el alias de “Pinturita”.

“Hay tres nuevos nombres que podrían intentar torcer la voluntad popular mediante la compra de votos”, aseguró De La Espriella, agregando que la información le habría sido confirmada por una fuente de “alto nivel” del Gobierno de Estados Unidos.

Posteriormente, el foco de sus denuncias se trasladó a Antioquia. Allí señaló a Isabel Cristina Zuleta, Carlos Andrés Trujillo, Julián Bedoya y a la denominada “Mesa de Paz” de la cárcel de Itagüí como presuntos actores dentro de esa estructura.

La gravedad de los señalamientos llevó al candidato a solicitar vigilancia internacional sobre el proceso. En particular, hizo un llamado al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, para que haga seguimiento a las personas mencionadas y a las supuestas maniobras que, según él, estarían ocurriendo.

Hasta ahora, varios de los nombres señalados no se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Entretanto, sectores políticos y analistas advierten que este tipo de denuncias, en plena fase definitiva de la campaña, podrían aumentar la polarización y elevar la presión sobre las autoridades electorales.

Por ahora, el Consejo Nacional Electoral y los organismos de control mantienen el foco sobre la transparencia del proceso, mientras crece la expectativa sobre posibles investigaciones o pronunciamientos frente a las graves afirmaciones hechas por De La Espriella, que vuelven a poner en el centro del debate la integridad del sistema democrático colombiano.