(Educar en Democracia en IFMNOTICIAS) Derecho de petición: la herramienta legal que permite exigir respuestas a las entidades en Colombia

Obtener información de una entidad pública, conocer el estado de un trámite, solicitar documentos oficiales o exigir explicaciones frente a una determinada actuación no depende únicamente de la voluntad de los funcionarios. En Colombia existe un mecanismo constitucional que permite a los ciudadanos formular este tipo de solicitudes y obtener una respuesta dentro de unos plazos establecidos por la ley: el derecho de petición.

Este mecanismo está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y fue desarrollado mediante la Ley 1755 de 2015. Su propósito es garantizar que las personas puedan presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y, en los casos establecidos por la legislación, ante organizaciones privadas, con el derecho a recibir una respuesta.

Aunque suele ser utilizado para resolver asuntos administrativos o solicitar información, el derecho de petición también tiene una importancia especial para el ejercicio del control ciudadano y para el periodismo. A través de este mecanismo es posible requerir información oficial que permita contrastar denuncias, verificar datos o conocer las actuaciones adelantadas por una entidad frente a determinados hechos.

Una de sus principales características es que la entidad que recibe la solicitud no puede simplemente ignorarla. La respuesta debe ser emitida dentro de los términos establecidos y debe abordar de fondo lo solicitado. Esto no significa que la respuesta necesariamente tenga que favorecer al ciudadano o conceder lo que este pide, pero sí que debe existir un pronunciamiento claro frente a la solicitud.

Los tiempos de respuesta dependen del tipo de petición. Las solicitudes generales deben ser contestadas, por regla general, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción. Cuando se trata de peticiones de información o de documentos, el término es de 10 días hábiles, mientras que las consultas tienen un plazo de hasta 30 días hábiles.

Estos términos son especialmente relevantes cuando se utiliza el derecho de petición para labores de investigación periodística. Un periodista puede, por ejemplo, solicitar a una alcaldía información relacionada con contratos, valores, contratistas, fechas, ejecución presupuestal, informes o actuaciones administrativas.

También puede pedir a una entidad que explique qué medidas ha adoptado frente a una denuncia, cuántos recursos ha destinado a determinado programa o cuáles han sido las actuaciones realizadas frente a una problemática que afecta a una comunidad.

La precisión de las preguntas es uno de los elementos más importantes al momento de presentar una petición. Una solicitud demasiado amplia o ambigua puede facilitar respuestas generales que no resuelvan las dudas planteadas. Por el contrario, formular preguntas concretas, establecer periodos de tiempo y solicitar documentos específicos puede facilitar la obtención de información verificable.

Por ejemplo, en una investigación sobre contratación pública, en lugar de limitarse a preguntar cuánto dinero ha gastado una administración en determinado programa, se puede solicitar el listado de contratos relacionados con esa actividad, indicando número del contrato, objeto, valor, contratista, fecha de celebración, plazo, estado de ejecución y copias de los documentos correspondientes.

El derecho de petición también permite solicitar explicaciones sobre decisiones administrativas. Sin embargo, es importante tener presente que este mecanismo no obliga a una entidad a aceptar las pretensiones del ciudadano. Si una persona solicita que se revoque una decisión, por ejemplo, la autoridad debe estudiar la solicitud y responderla, pero no necesariamente está obligada a acceder a ella.

Otro aspecto fundamental es que las entidades deben informar al ciudadano cuando, por razones excepcionales, no puedan responder dentro del plazo correspondiente. En esos casos deben explicar las razones de la demora y señalar el término en el que resolverán la petición.

Para el periodismo, esta herramienta adquiere especial relevancia porque permite dejar constancia formal de las preguntas realizadas a las instituciones. La información obtenida mediante un derecho de petición puede convertirse en un insumo para investigaciones, informes y noticias, siempre que los datos sean posteriormente verificados y contrastados con otras fuentes cuando sea necesario.

Además, la utilización de este mecanismo contribuye al control sobre la administración pública. La posibilidad de preguntar por recursos, contratos, decisiones y actuaciones institucionales fortalece la transparencia y permite que los ciudadanos conozcan cómo se están tomando determinadas decisiones y cómo se están utilizando los recursos públicos.

El derecho de petición, por tanto, no debe entenderse únicamente como un trámite burocrático. Es una herramienta constitucional que permite establecer un canal formal entre ciudadanos e instituciones y exigir que las solicitudes sean atendidas dentro de los términos legales.

En el ejercicio periodístico, su importancia va todavía más allá: puede convertirse en el punto de partida de una investigación. Una pregunta concreta puede llevar a la obtención de un documento, un documento puede revelar una inconsistencia y esa inconsistencia puede abrir la puerta a nuevas preguntas que permitan construir una información de interés público.

Para los ciudadanos, conocer cómo funciona este mecanismo significa también contar con una herramienta para ejercer sus derechos y hacer seguimiento a las actuaciones de las instituciones. Para los periodistas, representa una vía formal para solicitar información y confrontar versiones oficiales con documentos y datos.