Viviane Morales pidió frenar designación en el CESU y advirtió posibles vicios en proceso para la Universidad Nacional

En medio de la transición de Gobierno, una solicitud formal encendió el debate sobre la legitimidad de decisiones clave en el sector educativo. Se trata de una comunicación firmada por Viviane Morales Hoyos, ministra de Educación anunciada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, en la que pide al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) abstenerse de avanzar en la designación de su representante ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia.

El documento, fechado el 27 de julio de 2026 en Bogotá, advierte sobre lo que califica como actuaciones “apresuradas” por parte del Gobierno saliente. En la carta se señala que “se pretende proceder con la designación del representante del CESU ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia”, en un contexto que, según la firmante, no ofrece garantías suficientes.

La petición central es clara: “Respetuosamente solicitamos que el Consejo se abstenga de adelantar cualquier actuación encaminada a realizar dicha designación”, argumentando la existencia de “circunstancias de orden jurídico e institucional que hacen improcedente continuar con este proceso en las actuales condiciones”.

Uno de los puntos más sensibles del pronunciamiento tiene que ver con posibles irregularidades en la conformación de la terna de candidatos. Según la carta, “el procedimiento mediante el cual se conformó la terna remitida por el Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACTI) presenta un vicio sustancial que compromete su validez”.

En ese mismo sentido, se advierte que durante el proceso de escogencia “se desconoció el procedimiento previsto en el artículo 3 de la Resolución 0417 de 2024”, al no invitar a la totalidad de los rectores de instituciones públicas de educación superior. Esta omisión, según el documento, “restringe injustificadamente su derecho de participación y desconoce el debido proceso establecido”.

La ministra designada enfatiza que no se trata de un asunto menor o de forma. Por el contrario, advierte que “esa omisión no constituye una simple irregularidad formal; afecta la conformación misma del órgano llamado a integrar la terna y, por consiguiente, proyecta un manto de incertidumbre sobre la legalidad de las actuaciones posteriores”.

Más allá del aspecto jurídico, la carta introduce un argumento político e institucional de fondo. Morales sostiene que la decisión debería ser tomada por las nuevas autoridades, una vez se concrete el relevo en el Ejecutivo. “Consideramos indispensable que el CESU adopte esta decisión con la participación de los nuevos representantes del Gobierno Nacional”, señala el texto.

Además, advierte que avanzar en la designación en los últimos días del actual Gobierno “no solo resulta inconveniente, sino que priva al nuevo Gobierno de participar en una decisión que le corresponde asumir dentro del marco de sus competencias”.

El documento también resalta la relevancia del cargo en cuestión. El representante del CESU ante el Consejo Superior Universitario participa en el “máximo órgano de dirección de la principal universidad pública del país”, por lo que su elección tiene impacto en decisiones estratégicas de largo alcance.

Finalmente, la solicitud plantea una salida concreta: aplazar la designación hasta que se aclaren las irregularidades y se posesione el nuevo Gobierno. En palabras de la firmante, se pide suspender el proceso “hasta tanto: (i) se esclarezca y, de ser necesario, se subsanen las irregularidades advertidas (…) y (ii) se produzca la posesión del nuevo Gobierno Nacional”.