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Usuarios del ICETEX solicitaron respaldo del Senado a la reforma estructural del sistema de crédito educativo

Un grupo de 302 usuarios, familiares y codeudores afectados por créditos del ICETEX remitieron una comunicación oficial a la Mesa Directiva de la Comisión Primera del Senado de la República, solicitando respaldo al Proyecto de Ley 587 de 2025 Cámara y 301 de 2025 Senado, que propone una reforma estr

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Redacción IFM
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Usuarios del ICETEX solicitaron respaldo del Senado a la reforma estructural del sistema de crédito educativo

Un grupo de 302 usuarios, familiares y codeudores afectados por créditos del ICETEX remitieron una comunicación oficial a la Mesa Directiva de la Comisión Primera del Senado de la República, solicitando respaldo al Proyecto de Ley 587 de 2025 Cámara y 301 de 2025 Senado, que propone una reforma estructural a la entidad.

En la carta, dirigida al presidente de la Comisión Primera, Julio Elías Chagüí; al vicepresidente, Carlos Alberto Benavides; y a la secretaria general, Yury Lineth Sierra, los firmantes afirman que representan a “miles de usuarios del ICETEX que hoy padecemos una carga financiera insostenible”. Según cifras oficiales citadas por los usuarios, para la vigencia 2025 el ICETEX cuenta con 893.663 beneficiarios activos, de los cuales al menos 234.000 estudiantes y egresados resultaron afectados por la eliminación de subsidios de tasa de interés y sostenimiento.

Los usuarios aseguran que esta eliminación “disparó las cuotas mensuales, obligando a muchas familias a escoger entre pagar el crédito o cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o medicamentos”. Asimismo, señalan que dichas modificaciones “violaron por completo la normatividad vigente”, al referirse a leyes que establecen la permanencia de subsidios para estudiantes focalizados en el Sisbén de estratos 1, 2 y 3.

El documento denuncia que la entidad habría aplicado modificaciones unilaterales a los créditos pactados, argumentando falta de disponibilidad presupuestal y regresando a condiciones iniciales previamente modificadas. Esta situación, según los afectados, desconoce garantías constitucionales relacionadas con el ingreso, permanencia y continuidad en la educación superior. Además, citan la Sentencia T-469 de 2019, en la que se advierte sobre la afectación a la confianza institucional cuando se incumplen acuerdos previamente establecidos.

Los usuarios también cuestionan la figura de capitalización de intereses, indicando que “personas que llevan años pagando sus créditos deben cuotas que nunca reducen el capital y en muchos casos, han pagado el doble o triple de lo que se les prestó, sin que la deuda disminuya”. Sostienen que este mecanismo genera endeudamiento a largo plazo y afecta el patrimonio familiar.

En la carta se afirma que el modelo actual prioriza la rentabilidad de los créditos, señalando que “entre más elevado sea el crédito, más elevadas y numerosas son las cuotas a pagar por el usuario, generando sobreendeudamiento”. Por ello, los firmantes plantean que una reforma es necesaria para evitar que más jóvenes “sean sumidos en deudas” como consecuencia del acceso a educación superior.

Entre las solicitudes al proyecto legislativo, los usuarios respaldan medidas como el límite a las tasas de interés (IPC + 2 puntos), la prohibición de capitalizar intereses, la permanencia de subsidios de sostenimiento y tasa de interés, un tope de pago máximo de 1,5 veces el valor prestado y acompañamiento integral al usuario, incluyendo orientación laboral y salud mental.

Además, piden que se garantice financiación adecuada para mantener subsidios en el Presupuesto General de la Nación 2026 y que se adopten medidas transitorias mientras el proyecto surte trámite. También solicitan “protección real a las familias endeudadas, evitando que pierdan sus bienes y garantizando que nadie quede condenado de por vida por haber querido estudiar”.

Finalmente, los usuarios afirman que cada día de retraso en la aprobación implica “más deserción, más ansiedad y más hogares en crisis”, e instan al Senado a respaldar la iniciativa con el argumento de que hacerlo “es un acto de justicia, humanidad y compromiso con el futuro del país”.

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