Universidades privadas solicitaron a la Corte anular impuesto al patrimonio creado por el Gobierno

La Asociación Colombiana de Universidades presentó ante la Corte Constitucional de Colombia una solicitud para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026, norma con la que el Gobierno nacional estableció un impuesto temporal al patrimonio en el marco de la emergencia económica declarada por los efectos de fenómenos climáticos.

La petición fue radicada el pasado 13 de marzo y quedó en conocimiento del despacho de la magistrada Lina Marcela Escobar, quien tiene a su cargo el estudio de constitucionalidad de la medida.

El decreto fue expedido durante el Gobierno Petro y estableció un gravamen de carácter temporal dirigido a personas jurídicas y sociedades con mayor capacidad económica. La medida aplica únicamente durante la vigencia de 2026 y está dirigida a empresas que declaran impuesto de renta.

Según lo establecido en el artículo primero del decreto, el impuesto al patrimonio excluye a entidades del sector salud, compañías intervenidas por el Estado y empresas de servicios públicos que operan en municipios afectados por emergencias ocasionadas por lluvias.

El segundo artículo establece que el impuesto se causa cuando la empresa posee un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 unidades de valor tributario al primero de marzo de 2026. La tarifa general fijada por el Gobierno es del 0,5%, mientras que para los sectores financiero y extractivo se definió una tarifa del 1,6%.

La norma también establece la forma de calcular la base gravable. Para ello se toma el patrimonio bruto menos las deudas, acciones en empresas nacionales para evitar doble tributación, determinados activos ambientales, reservas del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y aportes en entidades del sector solidario.

De acuerdo con el decreto, la declaración y pago del impuesto tendrá que realizarse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en dos cuotas: la primera correspondiente al 50% en abril de 2026 y la segunda en mayo del mismo año. La norma también contempla sanciones para maniobras contables que busquen disminuir artificialmente el patrimonio declarado.

La ASCUN sostiene que la inclusión de las universidades privadas dentro del alcance del impuesto afecta principios constitucionales como la equidad tributaria y la capacidad contributiva. Según la asociación, el decreto no ofrece una justificación suficiente para extender el gravamen a las instituciones de educación superior.

El concepto remitido a la Corte fue elaborado por el director ejecutivo de ASCUN, Óscar Domínguez González, y expone cinco argumentos con los que se solicita suspender provisionalmente la aplicación del impuesto a las personas jurídicas sin ánimo de lucro que pertenecen al régimen tributario especial.

Entre los puntos planteados se indica que el decreto carece de motivación específica respecto a estas entidades. También se afirma que no se detallan los recursos necesarios para atender la emergencia ni el monto que se pretende recaudar con el nuevo tributo.

La asociación también señala que la medida genera un tratamiento diferente frente a otras organizaciones sin ánimo de lucro que fueron excluidas del impuesto.

Según cálculos presentados por ASCUN, cerca de 100 universidades privadas del país podrían verse impactadas por la medida. La organización estima que el monto total del impuesto para estas instituciones alcanzaría aproximadamente $135.000 millones de pesos, con pagos que podrían oscilar entre $300 millones y $23.000 millones por universidad.

De acuerdo con la asociación, ese impacto equivaldría operativamente a una reducción estimada de entre 14.000 y 15.000 matrículas en el sistema de educación superior.

Mientras avanza el análisis en la Corte Constitucional, las universidades han sostenido conversaciones con los ministerios de Hacienda y Educación para plantear la posibilidad de excluir a las instituciones de educación superior de la aplicación del gravamen.

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