Sapiencia inició proceso de revocatoria parcial de beneficios a 205 personas que habrían incumplido requisitos de estrato socioeconómico

La Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín, Sapiencia, informó que, tras los procesos regulares de revisión documental y verificación de requisitos, se identificó que 205 personas de los estratos 5 y 6 habrían accedido al beneficio de crédito condonable a través de recursos ordinarios, lo cual contraviene lo dispuesto en el Acuerdo 055 de 2022. Según este acuerdo, solo pueden acceder a ese tipo de financiación personas pertenecientes a los estratos 1, 2, 3 y 4.

Los estratos 5 y 6 solo pueden ser beneficiarios de los Fondos Sapiencia mediante recursos de Presupuesto Participativo. Cada convocatoria establece expresamente que Sapiencia podrá realizar validaciones en cualquier momento por medios legales, y fue con base en ello que se inició el proceso de revocatoria parcial del beneficio a las personas que presuntamente no cumplían con los requisitos establecidos.

El beneficio otorgado en las convocatorias 2023-2 y 2024-1, que fueron asignadas en diciembre de 2023, consistió en un crédito condonable de hasta 5.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de matrícula y/o sostenimiento. Hasta el momento, una sola persona ha aceptado voluntariamente la revocatoria, tras haber solicitado previamente la suspensión del beneficio.

Sapiencia informó que esta situación no compromete a los beneficiarios de otras convocatorias ni afecta la continuidad general del programa Fondos, que mantiene vigentes los apoyos para quienes cumplan con los requisitos. A la fecha, se han desembolsado cerca de $5.000 millones y hay recursos pendientes por giro cercanos a los $10.000 millones, los cuales permanecerán disponibles hasta que exista una decisión definitiva por parte de las autoridades competentes.

Cada una de las 205 personas fue notificada de manera individual mediante oficio en el que se explicó el alcance de la situación. La respuesta no era obligatoria, y su omisión no implicaba la pérdida automática del beneficio. No obstante, la Administración Distrital está obligada a cumplir con su deber de verificación y control, conforme a la ley.

Como parte del procedimiento legal correspondiente, Sapiencia trasladó el caso a la Procuraduría General de la Nación, entidad que formuló una solicitud de conciliación extrajudicial contencioso-administrativa. En ella se pretende declarar la nulidad de las resoluciones por las cuales se permitió la participación de personas de estratos 5 y 6 en las convocatorias mencionadas, y, en consecuencia, solicitar la restitución de los recursos públicos entregados a quienes no cumplían con los requisitos.

La Procuraduría convocó a las personas implicadas a audiencias de conciliación, en las que se les brinda la posibilidad de renunciar voluntariamente al beneficio o continuar con el proceso legal. Si no hay conciliación, será un Tribunal Administrativo el encargado de decidir si procede o no la revocatoria. Mientras tanto, los estudiantes mantienen su derecho vigente, siempre y cuando cumplan con los requisitos de renovación.

El valor total de las pretensiones económicas relacionadas con este caso, según lo informado por la Procuraduría, asciende a $10.808.201.636.

Es de destacar que esto está relacionado con hechos ocurridos en la administración de Daniel Quintero.