Proyecto de ley propone crear el Bono Escolar en Colombia con financiamiento estatal para educación en colegios públicos y privados

Un proyecto de ley impulsado por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia propone la creación del “Bono Escolar” en Colombia, un mecanismo mediante el cual el Estado financiaría el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad, pobreza moderada y pobreza extrema.

La iniciativa, radicada en el Senado de Colombia, plantea que este bono funcione como un voucher o cheque entregado a los padres de familia, o a quienes ejerzan la patria potestad, para que puedan elegir la institución educativa —pública o privada— en la que sus hijos cursarán sus estudios de preescolar, básica y media.

El proyecto establece dos modalidades. Por un lado, el “Bono Escolar Universal”, que cubriría el pago total de derechos académicos y servicios complementarios como matrícula, pensión, costos de enseñanza, herramientas de aprendizaje, salud del estudiante, alimentación, administración y útiles escolares, entre otros que defina el Ministerio de Educación. En este punto, el documento indica que “bajo ninguna circunstancia una institución educativa podrá exigir algún tipo de pago adicional por la educación de sus hijos”.

Por otro lado, se contempla el “Bono Escolar Aditivo”, dirigido a estudiantes que requieran apoyos adicionales o que se destaquen por su desempeño. Este aplicaría para población con discapacidad, estudiantes ubicados entre los cinco mejores de su grado o aquellos con reconocimientos nacionales o internacionales en áreas como matemáticas, ciencia, deporte, artes o música, además de otros criterios que determine la autoridad educativa.

En cuanto a la participación de instituciones, el proyecto señala que todas las instituciones educativas públicas harán parte del programa. Las privadas podrán vincularse siempre que cumplan requisitos como contar con Proyecto Educativo Institucional o Comunitario aprobado, licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación, resultados en pruebas de Estado iguales o superiores al promedio de las instituciones públicas y la disposición de al menos el 30% de sus cupos por grado para el programa, los cuales deberán asignarse por mérito académico.

El acceso a los bonos será voluntario para los padres de familia y estará condicionado a la clasificación socioeconómica del Sisbén IV. Además, se contemplan incentivos para las instituciones educativas que superen el 30% de estudiantes beneficiarios del Bono Escolar Universal, mediante incrementos en los recursos asignados por estudiante, definidos anualmente por el Ministerio de Educación Nacional.

La propuesta incluye también la creación de un sistema de información regional de instituciones educativas, que permitirá a los padres comparar características como número de estudiantes por aula, resultados en pruebas de Estado, ubicación, formación docente, oferta de idiomas, actividades extracurriculares y formación religiosa, con el fin de facilitar una decisión informada.

Adicionalmente, el proyecto establece un esquema de acompañamiento entre el Ministerio de Educación, las secretarías territoriales y las instituciones educativas públicas y privadas para hacer seguimiento al rendimiento académico y al progreso psicosocial de los estudiantes. Este proceso incluiría talleres voluntarios dirigidos a padres de familia.

En el apartado de contexto, la iniciativa expone indicadores sobre la calidad educativa en Colombia. Señala que en las pruebas PISA de 2018 el país obtuvo un puntaje global de 406, por debajo del promedio de la OCDE de 488, y que en 2022 se ubicó en el puesto 54 en lectura y 64 en matemáticas entre 81 países evaluados.

El documento también hace referencia a experiencias internacionales y antecedentes nacionales, como el programa PACES implementado en Colombia en los años noventa, del cual se indica que incrementó la probabilidad de finalizar la educación secundaria en un 16%, así como el acceso a la educación superior y los ingresos formales.

Finalmente, el proyecto incluye comparaciones entre instituciones educativas públicas y privadas, señalando diferencias en los resultados de las pruebas de Estado y brechas más amplias en departamentos con mayores niveles de pobreza, de acuerdo con datos citados del Ministerio de Educación Nacional.