Ministerio de Justicia advirtió que autonomía universitaria no está por encima de la Constitución y la ley

En medio del debate sobre los límites de la autonomía universitaria y la actuación de las autoridades frente a situaciones que puedan afectar el orden público, el Ministerio de Justicia y del Derecho hizo un llamado a preservar el conocimiento, la convivencia y el cumplimiento de la ley dentro de las instituciones de educación superior.

A través de un pronunciamiento fechado en Bogotá este 14 de septiembre de 2026, la entidad recordó que la autonomía universitaria es una garantía reconocida por la Constitución y que, por esa razón, debe ser protegida. Sin embargo, precisó que este principio no significa que las universidades puedan quedar al margen del marco constitucional y legal colombiano.

“La autonomía universitaria es una garantía constitucional que debe ser protegida, pero no significa que las universidades estén por fuera de la Constitución, de la ley o de las competencias legítimas de las autoridades”, señala el documento divulgado por la cartera encabezada por Iván Cancino González, ministro de Justicia y del Derecho.

El pronunciamiento establece una diferencia entre las manifestaciones pacíficas y aquellas situaciones en las que se presenten hechos concretos que puedan comprometer la seguridad de las personas o los bienes. Para las primeras, el Ministerio plantea que deben privilegiarse mecanismos institucionales que permitan tramitar las diferencias sin recurrir a medidas de fuerza.

“Frente a manifestaciones pacíficas deben privilegiarse el diálogo, la mediación y las herramientas institucionales previstas para garantizar el ejercicio de los derechos”, sostiene el texto.

No obstante, la entidad advierte que el escenario cambia cuando se configuran circunstancias expresamente contempladas por la legislación. Entre ellas menciona hechos de violencia, situaciones de flagrancia, peligro para la vida o la integridad de las personas y daños graves a bienes.

En esos casos, según el Ministerio, las autoridades pueden ejercer las facultades que les otorga el ordenamiento jurídico. La entidad enfatiza que la autonomía universitaria no puede convertirse en un obstáculo para que el Estado cumpla sus responsabilidades constitucionales relacionadas con la protección de las personas, la seguridad y la preservación del orden público.

“La actuación de las autoridades deberá responder a las circunstancias concretas de cada caso, estar jurídicamente sustentada y emplear los medios necesarios y proporcionales para restablecer las condiciones de seguridad y convivencia”, precisa elcomunicado.

El documento también hace referencia a mecanismos excepcionales contemplados en la legislación colombiana. En particular, menciona la asistencia militar prevista en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, cuya aplicación, de acuerdo con el Ministerio, corresponde al Presidente de la República cuando se cumplan los presupuestos legales y constitucionales establecidos.

La cartera de Justicia insistió además en que ninguna institución o espacio del territorio nacional se encuentra por fuera de la autoridad de la Constitución y la ley. En consecuencia, cuando existan razones jurídicas suficientes para intervenir, el Estado tendría no solamente la facultad,, sino también la manera de marcar un criterio frente a la relación entre autonomía universitaria, derechos ciudadanos y actuación estatal. El Ministerio plantea que cualquier intervención debe estar sustentada, no solo en el deber de actuar para proteger a las personas, garantizar sus derechos y restablecer el orden.

El pronunciamiento busca, de esta manera, marcar un criterio frente a la relación entre autonomía universitaria, derechos ciudadanos y actuación estatal. El Ministerio plantea que cualquier intervención debe estar sustentada en las circunstancias particulares de cada caso y sometida a los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.

“La autoridad democrática se fortalece cuando hace cumplir la ley con decisión, proporcionalidad y sin arbitrariedad”, concluye el documento firmado por Iván Cancino González.