Avanza en el Congreso reforma para ampliar la escolaridad obligatoria de 10 a 14 años

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se registró un avance significativo para el sistema educativo nacional con la aprobación en primer debate de un proyecto de acto legislativo que busca transformar la estructura de la enseñanza en el país. La iniciativa, identificada como el Proyecto de Acto Legislativo 228 de 2026 y denominada popularmente como "De preescolar a Once", propone una modificación sustancial al artículo 67 de la Constitución Política de Colombia para extender los años de formación que el Estado debe garantizar de manera obligatoria.

El marco constitucional actual y la propuesta de cambio

En la actualidad, la Constitución Política establece que la educación es obligatoria para los menores situados en el rango de edad entre los 5 y los 15 años. Este esquema comprende un mínimo de diez años de formación: un año de preescolar (correspondiente al grado de transición) y nueve años de educación básica, que abarcan desde primero hasta noveno grado. Bajo este modelo vigente, los grados de prejardín y jardín, así como los niveles de décimo y undécimo que conforman la educación media, no están cobijados por la obligatoriedad constitucional.

La propuesta legislativa que inició su trámite en el Congreso busca ampliar este espectro para cubrir a la población entre los 3 y los 17 años de edad. De aprobarse la reforma en sus debates restantes, el nuevo texto constitucional incluiría como obligatorios tres grados de preescolar (prejardín, jardín y transición), los nueve años de educación básica y los dos años de educación media. En términos prácticos, esto representaría la adición de dos años al inicio de la vida escolar y otros dos años al cierre de la misma, elevando la trayectoria educativa obligatoria de 10 a 14 años en total.

El proyecto cuenta con la ponencia de los representantes Daniel Bernal, perteneciente al Partido Demócrata Colombiano, y Gabriel Becerra, integrante del Pacto Histórico. La iniciativa ha logrado consolidar el respaldo de más de 30 congresistas de diversas colectividades políticas y recibe el impulso de la Alianza para la Transformación de la Educación Media (ATEM), organización que agrupa a diferentes gremios y fundaciones del sector privado interesados en el fortalecimiento pedagógico del país.

Realidad educativa y cifras que sustentan la reforma

La justificación técnica de esta ponencia se fundamenta en las estadísticas sobre la deserción y la permanencia en el sistema escolar. Los datos presentados durante el debate legislativo indicaron que, de cada 100 estudiantes que comenzaron su primer grado en el año 2013, solamente 55 lograron culminar el grado undécimo en 2023. Esta situación evidencia una pérdida considerable de alumnos durante el tránsito por los niveles educativos.

Asimismo, se expuso que la cobertura neta en la educación media, que mide la cantidad de jóvenes en edad de cursar décimo y once que efectivamente están matriculados, se ha mantenido históricamente por debajo del 50% en el territorio nacional. Las disparidades regionales son profundas: mientras que en algunas zonas del país la cobertura supera el 74%, en departamentos ubicados en las regiones de la Amazonía y la Orinoquía las cifras de matriculación en estos grados oscilan apenas entre el 10% y el 20%.

Investigadores de las universidades Icesi, Javeriana y de los Andes aportaron análisis adicionales al debate, señalando que solo 13 de cada 100 estudiantes que inician su etapa escolar logran terminar la educación media en los tiempos previstos y con los niveles de aprendizaje esperados. Por otro lado, en lo que respecta a la educación inicial, se reportó que la cobertura alcanzó el 72,24% durante el año 2025.

Durante el trámite legislativo, el representante Bernal manifestó que la educación en el país presenta un estancamiento en el nivel de media. El congresista subrayó la importancia de finalizar esta etapa, señalando que completar el bachillerato puede representar un incremento cercano al 28% en los ingresos futuros de los ciudadanos, lo que impactaría directamente en la movilidad social.

Mecanismos de implementación y desafíos financieros

La transición hacia la obligatoriedad de los tres grados de preescolar no ocurriría de forma inmediata tras la aprobación de la ley. El texto del proyecto contempla una aplicación progresiva que dependerá de la capacidad de oferta y la cobertura de las entidades territoriales certificadas en educación. En este proceso, se dará prioridad a aquellas regiones que presentan los mayores rezagos en materia educativa.

Se ha planteado un horizonte de hasta 12 años para completar esta transición en todo el país. No obstante, durante las discusiones, la representante Astrid Sánchez Montes de Oca solicitó que se establezca un límite de tiempo explícito y riguroso, con el fin de evitar que la progresividad se convierta en una justificación para postergar indefinidamente el cumplimiento de la norma.

En el aspecto económico, la ponencia sugiere que los costos derivadoss de esta ampliación, los cuales se generarán de manera gradual, sean cubiertos a través del Presupuesto General de la Nación y el Sistema General de Participaciones (SGP). Este último es el mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere recursos a los departamentos y municipios para la financiación de servicios básicos como salud y educación.

Lograr que la escolaridad llegue hasta los 17 años de forma obligatoria requerirá una inversión significativa en diversos frentes: vinculación de más docentes, mejora y construcción de infraestructura física, fortalecimiento del transporte y la alimentación escolar, creación de residencias escolares en sectores rurales y expansión de la conectividad digital. A la fecha, no se han presentado cálculos oficiales definitivos sobre el costo fiscal total de la medida, ni se ha conocido una postura pública oficial por parte del Ministerio de Educación respecto al articulado del proyecto.

El trámite legislativo pendiente

Al tratarse de una reforma a la Constitución Política, el camino para que este proyecto se convierta en realidad es extenso. La normativa colombiana exige que los actos legislativos superen ocho debates, los cuales deben realizarse en dos periodos legislativos ordinarios y consecutivos. Tras haber superado el primer paso en la Comisión Primera de la Cámara, a la iniciativa le restan siete debates adicionales.

El siguiente escenario de discusión será la plenaria de la Cámara de Representantes. Los promotores de la reforma tienen como objetivo completar la primera vuelta de cuatro debates antes de que finalice el presente año. En caso de que el acto legislativo reciba la aprobación final en el futuro, el Congreso de la República y el Gobierno Nacional procederán a reglamentar los detalles técnicos y operativos para su aplicación en las instituciones educativas del país.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste la reforma educativa que avanza en el Congreso?

Es un proyecto de acto legislativo que busca ampliar la educación obligatoria en Colombia de 10 a 14 años, cubriendo desde los 3 hasta los 17 años de edad. Esto incluye tres grados de preescolar, la básica primaria y secundaria, y los dos grados de educación media (décimo y once).

¿Por qué se propone ampliar los años de escolaridad obligatoria?

La iniciativa responde a las altas tasas de deserción, pues solo 55 de cada 100 estudiantes terminan el bachillerato, y busca mejorar la movilidad social. Además, se detectó que la cobertura en educación media es inferior al 50% en gran parte del país, con cifras críticas en regiones como la Amazonía.

¿Cómo se implementaría este cambio y quién lo financiaría?

La transición sería progresiva en un plazo de hasta 12 años, priorizando las regiones con mayores rezagos educativos. Los costos se cubrirían con recursos del Presupuesto General de la Nación y el Sistema General de Participaciones para financiar infraestructura, docentes y alimentación escolar.