12 departamentos alcanzaron el 100 % de reactivación educativa tras el terremoto

El más reciente balance de la entidad establece que 1.266.327 estudiantes tienen garantizada la continuidad de sus procesos académicos en los territorios impactados por la emergencia. La cifra corresponde a la recuperación de la prestación del servicio educativo mediante diferentes alternativas adoptadas mientras continúan las labores relacionadas con la infraestructura.

De acuerdo con el Ministerio, todavía permanecen 8.882 estudiantes, equivalentes al 0,7 % de la matrícula afectada, a la espera de la reactivación del servicio educativo. Las autoridades mantienen el seguimiento de estos casos y el acompañamiento a las entidades territoriales para avanzar en soluciones que permitan completar la cobertura.

El proceso de recuperación ha involucrado al Ministerio de Educación, las entidades territoriales certificadas, las administraciones departamentales y municipales, docentes, directivos docentes, comunidades educativas y otros actores vinculados a la respuesta frente a la emergencia.

La estrategia no se ha limitado a la recuperación física de las instituciones educativas. Mientras avanzan las intervenciones requeridas en los establecimientos afectados, se han implementado alternativas para garantizar que los estudiantes puedan continuar con sus actividades académicas en condiciones definidas por las autoridades educativas.

El balance muestra diferencias entre los departamentos que reportaron afectaciones. Risaralda, Antioquia, Quindío, Santander, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Norte de Santander, Huila, Tolima y Sucre alcanzaron el 100 % de servicio educativo activo para la matrícula registrada como afectada.

Otros territorios continúan avanzando hacia la recuperación total. Valle del Cauca presenta un 98,8 % de reactivación; Nariño alcanza el 96,9 %; Chocó registra el 95,9 %, mientras que Cauca llega al 94 %.

Estos porcentajes reflejan el estado de la prestación del servicio educativo reportado por cada departamento frente a la matrícula que fue identificada como afectada después del terremoto.

Como parte de las medidas adoptadas durante la emergencia, el Gobierno Nacional expidió los decretos legislativos 1386, 1387, 1388 y 1421 de 2026. Estas disposiciones establecieron medidas excepcionales orientadas a garantizar la continuidad del derecho a la educación en las zonas afectadas.

El Ministerio también puso en marcha disposiciones administrativas para acompañar la respuesta territorial. Entre ellas se encuentran la Directiva 09 y la Circular 48 de 2026, relacionadas con las acciones necesarias para atender las condiciones generadas por la emergencia.

La recuperación contempla además intervenciones sobre infraestructura educativa, identificación de espacios seguros para desarrollar las actividades académicas y ajustes en las estrategias pedagógicas de acuerdo con las condiciones particulares de cada territorio.

La prioridad señalada por la cartera educativa es completar la reactivación del servicio para los 8.882 estudiantes que todavía no cuentan con una prestación educativa activa. Para ello, continuará el seguimiento a las zonas pendientes y la coordinación con las autoridades locales y las comunidades educativas.

Sin embargo, el proceso de recuperación continúa en los territorios que aún presentan afectaciones, con el objetivo de alcanzar el 100 % de cobertura mediante soluciones que permitan garantizar la continuidad educativa

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuántos departamentos han logrado la reactivación educativa total tras el terremoto?

Doce departamentos han alcanzado el 100% de reactivación educativa, garantizando el servicio para 1.266.327 estudiantes afectados por el terremoto.

¿Cuántos estudiantes aún no cuentan con servicio educativo activo?

Todavía 8.882 estudiantes, que corresponden al 0,7% de la matrícula afectada, están a la espera de la reactivación de su servicio educativo.

¿Qué medidas se implementaron para garantizar la continuidad educativa?

Se adoptaron diversas alternativas para la prestación del servicio, como la identificación de espacios seguros y ajustes pedagógicos, mientras avanzan las intervenciones en la infraestructura educativa.