Sector financiero y automotor exigieron retirar alza impositiva para evitar fuga de capitales y desempleo en Bogotá

Bogotá enfrenta una dura controversia económica tras la propuesta de la Alcaldía Mayor de incrementar la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para las actividades financieras. La iniciativa, contenida en el Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, contempla un ajuste impositivo que pasaría de la tarifa actual del 14 por mil al 21 por mil, lo que representa un aumento directo del 50 % en la carga tributaria para los actores del sector.

Frente a esta coyuntura, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) y la asociación Colombia Fintech emitieron un pronunciamiento conjunto en el que expresaron su tajante oposición a la medida. A este reclamo se sumó también la Asociación Concesionarios de Automotores (Aconauto), consolidando un bloque de protesta que solicita formalmente al Distrito el retiro del incremento y la conservación de la tarifa vigente.

Los gremios advierten que una elevación de esta magnitud en los tributos distritales repercutirá de manera directa e inevitable sobre la estructura de costos de los servicios financieros. Específicamente, alertan que la mayor carga impositiva encarecerá la originación de crédito y reducirá las alternativas de financiamiento accesible para hogares, pequeñas y medianas empresas, así como para emprendedores en la ciudad. En un contexto económico sensible, limitar el acceso a liquidez y crédito impacta negativamente la dinámica productiva y el consumo de la ciudadanía.

Asimismo, las organizaciones gremiales señalaron que la medida fiscal genera un desincentivo significativo para el asentamiento y desarrollo de empresas en la capital. El encarecimiento de las operaciones podría impulsar a las entidades bancarias y a las plataformas tecnológicas financieras a trasladar sus sedes, centros de innovación o nuevas inversiones hacia municipios aledaños que ofrezcan un marco tributario más competitivo. Este desplazamiento empresarial traería consigo un riesgo latente de pérdida de empleos calificados y un detrimento de la actividad económica general de la ciudad.

Desde la perspectiva del sector corporativo, resulta contradictorio que la capital del país pretenda posicionarse como un centro atractivo para la captación de inversiones e innovación mientras eleva de forma drástica los costos asociados al financiamiento de proyectos. Las entidades recalcaron que esta decisión podría generar un efecto contraproducente a mediano plazo: al erosionar la base tributaria producto del traslado o desaceleración de empresas, el Distrito terminaría arriesgando la recaudación proyectada y menoscabando el estatus histórico de Bogotá como el principal nodo financiero de Colombia.

Ante el debate que se avecina en el Concejo de Bogotá en torno al Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, los sectores involucrados reiteraron la necesidad de reconsiderar las modificaciones impositivas planteadas y propiciar un entorno regulatorio que estimule la inclusión financiera, el crédito responsable y la reactivación económica.