Tutelas por salud en Colombia aumentaron a 312.500 en 2025 y evidenciaron barreras de acceso

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, la Defensoría del Pueblo presentó un diagnóstico sobre el comportamiento de las acciones de tutela relacionadas con la protección del derecho a la salud en el país. La exposición se realizó durante el espacio ‘A medio tratar: conversaciones urgentes sobre el derecho a la salud’, liderado por la entidad.

Durante su intervención, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que el informe busca aportar elementos técnicos para abordar las problemáticas que enfrenta la población en el acceso a los servicios de salud. “Queremos aportar una mirada técnica, rigurosa y propositiva para resolver las problemáticas que afectan a la población. Hemos advertido la urgencia de garantizar el acceso a medicamentos y citas, especialmente en zonas rurales, y de avanzar en una reforma a la salud que preserve los logros del sistema, pero que enfrente sus desafíos con una transición responsable. En este contexto, la tutela sigue siendo una herramienta fundamental para proteger el derecho a la salud”, afirmó.

Las cifras presentadas evidencian un incremento en el número de tutelas. Mientras en 2024 se registraron más de 265.000 acciones, en 2025 la cifra alcanzó cerca de 312.500, lo que representa un aumento aproximado de 47.500 casos, equivalente al 17,92 %. Actualmente, las tutelas en salud constituyen el 34 % del total de estas acciones en el país, consolidándose como una de las principales causas de judicialización.

De acuerdo con datos de la Corte Constitucional, para miles de ciudadanos la tutela continúa siendo el principal mecanismo para acceder a servicios médicos y medicamentos de manera oportuna. En ese sentido, Marín Ortiz señaló que “la salud no puede seguir dependiendo de la judicialización” y agregó que “un sistema que obliga a la ciudadanía a acudir masivamente a la tutela evidencia fallas en su capacidad de respuesta, en la garantía de la oportunidad y en la continuidad de la atención”. Según el informe, la tasa de concesión de estas acciones se ubica cerca del 74,3 %, lo que indica que en la mayoría de los casos existe vulneración de derechos.

El diagnóstico también advierte sobre desigualdades territoriales. En departamentos con altos niveles de pobreza, como Vichada, La Guajira y Chocó, se registran las tasas más bajas de tutelas, mientras que en regiones con menores niveles de pobreza las cifras son más altas. Según la Defensoría, este comportamiento evidencia barreras tanto en el acceso a los servicios de salud como a la justicia.

En cuanto a los diagnósticos, las enfermedades del sistema circulatorio lideran las tutelas con el 12,2 %, seguidas por afecciones osteomusculares, neurológicas y endocrinas. La hipertensión aparece como el diagnóstico más frecuente. El informe también señala una presencia relevante de trastornos mentales como ansiedad, autismo y depresión.

Las enfermedades de alta complejidad, como el cáncer, patologías neurológicas graves y epilepsia severa, tienen una participación significativa en estas acciones judiciales. Además, el costo de estos casos es, en promedio, un 20 % superior al de la atención general, lo que refleja mayores dificultades de acceso.

El documento indica que el 39,57 % de las tutelas corresponde a sujetos de especial protección constitucional, entre ellos personas con discapacidad, adultos mayores y pacientes con enfermedades graves. También se advierte que las personas privadas de la libertad presentan las tasas más altas de judicialización, lo que evidencia fallas en la atención en el sistema penitenciario.

En el panel participaron Esteban Hoyos, María Belén Mena, María Camila Agudelo y Mónica Cruz, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar en soluciones que garanticen el derecho a la salud, así como en la importancia de mejorar el acceso oportuno a servicios y medicamentos.

El informe concluye que la acción de tutela se ha convertido en la principal vía de acceso al derecho a la salud en Colombia, lo que refleja problemas estructurales relacionados con el financiamiento, la gestión del sistema, el acceso a servicios y las desigualdades territoriales.