Pleito por más de $25.000 millones enreda la supervisión del Metro de Bogotá

El origen del diferendo

El conflicto enfrenta a tres actores del mayor contrato de infraestructura del país. De un lado está la Empresa Metro de Bogotá, entidad del Distrito que contrató la construcción; del otro, el concesionario Metro Línea 1 S.A.S., encargado de levantar el tramo elevado, y el Consorcio Supervisor Primera Línea Metro de Bogotá, responsable de la interventoría bajo el Contrato de Supervisión 148 de 2020.

Según la reclamación radicada por la interventoría, el origen del problema se remonta a 2023. El concesionario no obtuvo a tiempo la aprobación de la totalidad de los estudios y diseños, un requisito para iniciar formalmente las obras, lo que llevó a la Empresa Metro a declarar el incumplimiento mediante la Resolución 374 de ese año. Pese a ello, en julio de 2023 el Distrito y el constructor firmaron el Contrato de Transacción Número 1, que autorizó arrancar la construcción antes de culminar la revisión técnica de los diseños.

La interventoría sostiene que ese acuerdo se suscribió sin su participación y que, en la práctica, obligó a mantener activo su equipo de ingeniería de diseño cerca de doce meses adicionales durante la fase constructiva.

Una reclamación de $25.213 millones

Para recuperar el tiempo perdido, el concesionario multiplicó los frentes de trabajo y habilitó jornadas nocturnas. En ese contexto, la Empresa Metro habría exigido a la interventoría presencia permanente de ingenieros e inspectores durante las 24 horas e incluso le notificó un periodo de cura por presunta insuficiencia de personal.

El consorcio supervisor rechazó esa exigencia por considerarla una obligación de vinculación "permanente e ilimitada" no prevista en el contrato, aunque terminó por vincular a más de 270 profesionales adicionales con recursos propios. El costo de ese personal ascendió a 25.213.748.766 pesos con corte a julio de 2026 —cerca de 7,9 millones de dólares—, una cifra que, advierte, sigue creciendo.

Ante el fracaso de los mecanismos de arreglo directo, la interventoría presentó una solicitud de amigable composición ante la Cámara de Comercio de Bogotá. En ella pide declarar roto el equilibrio económico del contrato, reajustar el precio global fijo y dejar sin efecto los descuentos del 15% aplicados sobre sus pagos mensuales. Las cifras corresponden a la versión del supervisor y aún no han sido avaladas por un tribunal ni constituyen la posición oficial de la Empresa Metro.

Una obra que avanza bajo presión

El pleito se conoce en un momento sensible para el proyecto. De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, la Primera Línea registraba un avance del 83,73% al cierre de septiembre, con trabajos visibles de fachadas y acabados en las primeras estaciones. El mandatario ha insistido en acelerar los distintos frentes de obra tras los retrasos acumulados en las etapas iniciales.

La controversia ilustra las tensiones financieras y contractuales que rodean la mayor apuesta de movilidad de Bogotá, una inversión multibillonaria financiada con aportes de la Nación y el Distrito y con acompañamiento de la banca multilateral.

Lo que viene

La amigable composición deberá definir si la interventoría tiene derecho al reembolso que reclama y en qué cuantía. Mientras tanto, la construcción de la Línea 1 continúa su marcha, con la meta de poner en operación el primer metro de la capital colombiana en los próximos años.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuál es el motivo del pleito en la supervisión del Metro de Bogotá?

La interventoría reclama el pago de sobrecostos por mantener su equipo de ingeniería de diseño activo por más tiempo y por la vinculación de personal adicional exigido por la Empresa Metro, debido a la aceleración de las obras.

¿Quiénes son las partes involucradas en este conflicto?

El conflicto involucra a la Empresa Metro de Bogotá, el concesionario Metro Línea 1 S.A.S. y el Consorcio Supervisor Primera Línea Metro de Bogotá, que es la interventoría.

¿A cuánto asciende el monto que reclama la interventoría?

La interventoría reclama más de 25.000 millones de pesos, específicamente 25.213.748.766 pesos, por los costos del personal adicional hasta julio de 2026.