La Cámara subsana la reforma pensional y devuelve la decisión final a la Corte

En el Salón Elíptico se resolvió el paso que mantenía en vilo a una de las reformas sociales más discutidas de los últimos años. La corporación debatió las diez proposiciones que estaban en cuestión y, al negarlas o retirarlas, ratificó íntegramente el articulado proveniente del Senado. Al no introducirse cambios, no hubo lugar a conciliación entre las dos cámaras, un desenlace distinto al del presupuesto de 2027, que naufragó en su recta final.

El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, aseguró que "todos los puntos ordenados por la Corte fueron cumplidos". El representante Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U y ponente de la iniciativa, sostuvo que la plenaria acató los términos impuestos por el tribunal. Desde el Pacto Histórico, el representante Alfredo Mondragón resaltó que la plenaria se limitó a ratificar los artículos que venían del Senado.

El episodio se remonta al 25 de agosto de 2026, cuando la Corte Constitucional avaló la mayor parte de la reforma pensional sancionada en 2024, pero devolvió nueve artículos al Congreso. El motivo no fue de fondo, sino de forma: esos contenidos presentaban vicios de trámite, pues las proposiciones correspondientes no se habían discutido desde el paso de la iniciativa por el Senado. El tribunal ordenó así rehacer ese procedimiento sin alterar el contenido ya aprobado.

Con la subsanación surtida, el expediente regresa a la Corte Constitucional, que deberá revisar si la Cámara cumplió de manera adecuada con lo ordenado antes de dar por cerrado el control de constitucionalidad.

Según el trámite surtido, la reforma entraría en vigencia el 1 de abril de 2027. Sin embargo, Colpensiones había presentado semanas atrás una solicitud de aplazamiento de un año, con el fin de que la puesta en marcha del nuevo sistema se traslade al 1 de abril de 2028, un margen adicional para ajustar la operación del modelo de pilares que introduce la norma.

El Ministerio de Hacienda, que encabeza Miguel Gómez, se opuso durante el debate a las proposiciones que elevaban el costo fiscal de la reforma. La cartera pidió conservar el artículo 23, que permite una comisión de administración de hasta el 0,7 % de los saldos gestionados, y advirtió que, de suprimirse ese cobro, los ingresos por administración de las actuales administradoras de fondos de pensiones caerían cerca de un 77 %. El Gobierno también recordó la dimensión del pasivo pensional, equivalente al 19,4 % del PIB de 2025.

En paralelo, el Centro Democrático radicó un proyecto de contrarreforma impulsado por los senadores Claudia Margarita Zuleta, Andrés Forero y Zandra Bernal, que busca restablecer la libre elección entre Colpensiones y los fondos privados. Esa bancada sostiene que la reforma habría incrementado el déficit del sistema en 470 billones de pesos, una cifra que alimenta el pulso político que seguirá acompañando a la norma durante su revisión final.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué decidió la Cámara de Representantes sobre la reforma pensional?

La plenaria aprobó la subsanación de nueve artículos que presentaban vicios de trámite, ratificando el texto del Senado sin realizar modificaciones adicionales. Con este paso, el Congreso cumplió con el requerimiento de la Corte Constitucional antes de que venciera el plazo legal.

¿Por qué la Corte Constitucional había devuelto estos artículos?

El tribunal detectó errores de forma, ya que dichas proposiciones no se habían discutido adecuadamente durante su paso por el Senado. La Corte ordenó rehacer el procedimiento legislativo para corregir estos vicios sin alterar el contenido de fondo ya aprobado.

¿Cuándo entraría en vigencia el nuevo sistema de pensiones?

Según el trámite actual, la reforma comenzaría a regir el 1 de abril de 2027. No obstante, Colpensiones ha solicitado formalmente aplazar la puesta en marcha hasta abril de 2028 para garantizar los ajustes operativos necesarios.

¿Qué sigue ahora para la reforma?

El expediente regresa a la Corte Constitucional, que deberá verificar si el Congreso cumplió correctamente con la subsanación de los errores de trámite. Una vez el alto tribunal dé su aval final, se cerrará el control de constitucionalidad de la norma.