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Veeduría ciudadana presenta recomendaciones clave para la reconstrucción del centro de Pereira tras sismo

La Veeduría Ciudadana a la Reconstrucción de Risaralda presentó al alcalde Mauricio Salazar Peláez una hoja de ruta para la renovación del centro tras el sismo de 2026, exigiendo transparencia y liderazgo público.

REDACCIÓN
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Veeduría ciudadana presenta recomendaciones clave para la reconstrucción del centro de Pereira tras sismo

En un documento oficial dirigido al alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, la Veeduría Ciudadana a la Reconstrucción de Risaralda, bajo la coordinación de la Corporación VIGÍA Cívica, ha formalizado una serie de lineamientos estratégicos destinados a orientar la recuperación de la capital risaraldense. Esta intervención surge tras los daños estructurales y sociales derivados del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026, evento que ha puesto en la agenda pública la necesidad de una intervención urbana profunda y transparente.

Haciendo uso de las facultades otorgadas por la Ley 850 de 2003, el organismo de control social enfatizó que la actual coyuntura, aunque dolorosa, representa una oportunidad histórica. Según la Veeduría, el proceso no debe limitarse a la simple reparación de infraestructuras afectadas, sino que debe servir como catalizador para consolidar una visión de ciudad a largo plazo que beneficie a las próximas generaciones, integrando la planificación urbana con la sostenibilidad y la movilidad regional.

Hacia una visión integral de ciudad y región

La propuesta de la Veeduría subraya que la reconstrucción del centro tradicional debe estar articulada con una planificación macro que incluya la vivienda, el espacio público y la gestión ambiental. En este sentido, se ha sugerido a la administración municipal evaluar la contratación de una consultoría de alto nivel, con posible alcance internacional, que aporte criterios técnicos comparativos y ayude a definir el rumbo del desarrollo urbano para las décadas venideras.

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Entre las intervenciones sugeridas para mejorar la calidad de vida en el corazón de Pereira, se destacan la peatonalización de sectores estratégicos, la recuperación organizada del espacio público y la búsqueda de soluciones definitivas para el fenómeno de las ventas ambulantes. Asimismo, se plantea la necesidad de dar continuidad al corredor o bulevar de Egoyá entre las calles 18 y 21, siempre bajo el rigor de los estudios de microzonificación y seguridad sísmica vigentes.

El organismo también instó a no perder de vista proyectos de gran envergadura como el Parque San Mateo. Este espacio es considerado vital por su potencial para integrar áreas de cultura, deporte, recreación y paisaje, elementos que deben complementarse con un sistema de transporte público diseñado para las demandas futuras de la ciudad-región.

Liderazgo público y manejo de propuestas privadas

Uno de los puntos centrales del documento es la defensa de la autonomía pública en la planificación territorial. Ante la aparición de iniciativas privadas, como la divulgada por la constructora Amarilo —que propone financiar estudios técnicos, jurídicos y urbanísticos mediante mecanismos de redensificación y asociación—, la Veeduría advirtió que tales propuestas deben ser analizadas como aportes, pero nunca sustituir la responsabilidad del Estado.

"La Veeduría considera que propuestas de esta naturaleza pueden ser examinadas, pero no deben convertirse automáticamente en la hoja de ruta de la ciudad ni desplazar las responsabilidades públicas de planificación y ordenamiento territorial", señala el texto. Por ello, se recomienda establecer un procedimiento público y transparente que permita evaluar y comparar diferentes alternativas bajo criterios objetivos, garantizando que el interés general prevalezca sobre el particular.

Protección contra la especulación y garantías para damnificados

La incertidumbre generada tras el sismo ha despertado preocupaciones sobre posibles procesos especulativos con el valor del suelo. La Veeduría solicitó a la Alcaldía de Pereira implementar instrumentos jurídicos y de gestión que eviten el encarecimiento artificial de los terrenos, lo cual podría hacer inviables las intervenciones necesarias para la renovación urbana.

Para los propietarios afectados, se pide claridad en las reglas de valoración y distribución de beneficios en esquemas de asociación o intercambio de inmuebles. Se enfatiza que deben existir garantías reales para quienes no deseen o no puedan integrarse a proyectos específicos, asegurando que la emergencia no sea una excusa para vulnerar derechos patrimoniales.

Transparencia y participación del sector local

Finalmente, la recomendación hace un llamado a que la reconstrucción sea un motor de reactivación económica para el departamento. Se insta a promover la participación activa de las capacidades empresariales, profesionales y laborales de Risaralda. La transparencia en la contratación y la pluralidad de oferentes son vistas como requisitos indispensables para que el proceso cuente con el respaldo de la ciudadanía.

La administración municipal, liderada por Mauricio Salazar Peláez, tiene ahora el reto de equilibrar la urgencia de las soluciones para los damnificados con la rigurosidad técnica que exige una transformación urbana de esta magnitud, evitando que la celeridad comprometa la seguridad y el bienestar futuro de los habitantes de Pereira.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué propone la Veeduría Ciudadana para la reconstrucción de Pereira?

La Veeduría presentó una hoja de ruta que busca transformar el centro de la ciudad tras el sismo de 2026, priorizando la peatonalización, la recuperación del espacio público y la continuidad del bulevar de Egoyá.

¿Cuál es la postura frente a las propuestas de empresas privadas?

El organismo advirtió que iniciativas como la de la constructora Amarilo deben ser vistas solo como aportes y no pueden sustituir la responsabilidad del Estado en la planificación del territorio.

¿Qué medidas se solicitan para proteger a los damnificados y el valor del suelo?

Se pidió a la Alcaldía implementar instrumentos jurídicos para evitar la especulación con el precio de los terrenos y garantizar reglas claras de valoración para los propietarios afectados por el sismo.

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