¿Dónde terminó la plata?, veeduría denuncia presuntas irregularidades en contratos millonarios entre el Área Metropolitana y la Corporación Arca
A través de Twitter, la usuaria @Alondra04575554 expresó fuertes críticas hacia la gestión de la alcaldía de Medellín, calificándola como la peor en la historia de la ciudad y acusando al alcalde de ser el «ladrón más descarado» y un «Petrista enconado». La publicación refleja un descontento con la

A través de Twitter, la usuaria @Alondra04575554 expresó fuertes críticas hacia la gestión de la alcaldía de Medellín, calificándola como la peor en la historia de la ciudad y acusando al alcalde de ser el «ladrón más descarado» y un «Petrista enconado». La publicación refleja un descontento con la izquierda progresista y sugiere que el responsable de los supuestos actos de corrupción debe enfrentar la justicia.
La noticia detrás de esta publicación surge a raíz de una denuncia realizada por la veeduría Todos Por Medellín, quienes señalan posibles irregularidades en la contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y la Corporación Arca. Según la veeduría, existen indicios de malos manejos en los recursos de convenios que involucran un monto cercano a los 5.000 millones de pesos.
Las pruebas anexadas a la denuncia sugieren que personas y empresas cercanas a Colombia Avanza, una corporación que se encuentra bajo investigación por presuntos malos manejos del programa Buen Comienzo, estarían involucradas en la ejecución de estos contratos. Henry Paulison Gómez, representante de Colombia Avanza, se encuentra imputado en la investigación por posibles delitos de peculado por apropiación, celebración ilegal de contratos e interés indebido. Además, la exsecretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, y la exdirectora de Buen Comienzo, Lina María Gil, también enfrentan acusaciones en este caso.
La denuncia presentada por la veeduría Todos Por Medellín resalta que los convenios suscritos entre el Área Metropolitana y la Corporación Arca estipulaban que esta última entidad debía aportar el 30% del monto, pero no existen pruebas de que los recursos hayan sido entregados ni de cómo fueron utilizados.
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