(DENUNCIA) ¿Bodegas y parqueaderos usados como oficinas de la Alcaldía de Medellín?

De acuerdo con una publicación reciente de El Colombiano, la Alcaldía de Medellín estaría violentando la destinación debida de diferentes inmuebles e incurriendo en irregularidades por utilizar como oficinas distritales, varios espacios que desde el punto de vista urbanístico no fueron construidos para tales fines y que son realmente bodegas y parqueaderos.

De esta manera, por ejemplo, diferentes secretarías de la Administración Distrital estarían operando en este momento en espacios que fueron construidos, según los registros de construcción, para bodegas y parqueaderos, incurriendo de esta manera en posibles delitos que deberá investigar la autoridad competente.

Esta situación anómala salió a la luz pública en medio del proceso de traslado en el que se encuentra la Personería de Medellín debido a las inundaciones que se ha registrado en varias ocasiones en el sótano del edificio Plaza de la Libertad, donde actualmente atiende al público, con el fin de estar en un lugar más digno para atender los casos en materia de Derechos Humanos de la ciudad.

De acuerdo a la citada publicación, quedó al descubierto que «varias dependencias del Distrito estarían pasándose por la faja las reglas al ocupar espacios que no están habilitados como oficinas, sino como parqueaderos o bodegas».

El edificio descentralizado de la Alcaldía que no fue hecho para eso

La denuncia dejó en evidencia lo que sucede, por ejemplo, en el edificio Business Plaza ubicado al frente de la Alpujarra y pasando la Avenida del Ferrocarril. Según los expertos, incluso de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, quienes tendrían que abandonar sus oficinas para cederlas a los funcionarios del Ministerio Público, este edificio no cuenta con las condiciones requeridas.

«Consideramos que la edificación no cuenta con el uso autorizado para ubicar oficinas públicas y no vemos factible que esta sea objeto de aprobación por parte de las curadurías urbanas de la ciudad, dado que la edificación no contaría con los estándares de seguridad requeridos por la normativa para tal fin», cito El Colombiano un derecho de petición presentado el 11 de abril por los funcionarios a su jefe, Andrea Salazar, secretaria de Gestión y Control Territorial.

Según pudo establecer el medio antes citado, la misma Salazar habría corroborado que la Alcaldía estaría incurriendo en presuntas anomalías debido a que en el Business solo hay una oficina legalmente habilitada. Es decir, las demás estarían funcionando irregularmente.

Es importante tener en cuenta que en ese edificio, justo en los pisos 11, 12, 15 y 16 funciona actualmente la Secretaría de Seguridad Ciudadana (incluyendo el sistema de comando del 123) y en el piso 13 funciona la EPS Savia Salud, en la que participan Medellín, Antioquia y Comfama. Finalmente, también vale la pena tener en cuenta que en el piso 14 funciona la subsecretaría de Catastro de Medellín. El artículo publicado por el medio paisa aseguró que la Alcaldía de Medellín está ocupando un área bruta de 9 760 metros cuadrados.

A investigar bodegas y parqueaderos usados como oficinas

En este sentido, según documentos oficiales de las respectivas curadurías, la destinación que se le está dando al Business Plaza va en contra vía del objeto para el cual se habría construido: servicios y no comercio. De hecho, un área que en los planos aparece como el lobby está siendo utilizada como oficinas.

«Lo anterior quiere decir que es posible que sí se pueda estar superando el índice de construcción, o no se cuente con índice de construcción suficiente para la adecuación del cuarto piso del edificio como oficinas (que son las que se utilizarían para ubicar a los funcionarios de Gestión y Control Territorial», según aseguró el medio paisa.

De esta manera, la Alcaldía de Medellín estaría, de alguna manera, violando el Plan de Ordenamiento Territorial, al alterar los propósitos de construcción de los inmuebles en la ciudad. Lo curioso de estas irregularidades es que es precisamente a los nuevos afectados, los de Gestión y Control Territorial, a quienes les tocaría emitir juicios, alertas y posibles sanciones por las irregularidades presentadas en este y otros casos de uso indebido de inmuebles.