Defensoría del Pueblo alertó por control de grupos armados en Rionegro, Santander

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 016 de 2025 al advertir el incremento de la presencia de tres estructuras armadas ilegales en el municipio de Rionegro, Santander.

El informe señala que la situación representa un alto riesgo para la población civil, especialmente en las zonas rurales, donde las comunidades enfrentan amenazas, extorsiones y hechos de reclutamiento forzado.

El documento detalla que en los corregimientos de San Rafael de Lebrija, Papayal, San José de los Chorros y La Tigra confluyen estructuras del Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y una posible presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La Defensoría identifica estos territorios como un corredor estratégico utilizado para actividades de narcotráfico y movilidad de los grupos armados.

De acuerdo con el análisis del organismo, el Clan del Golfo habría consolidado una estructura de control que se traduce en una “gobernanza criminal”, caracterizada por el cobro de extorsiones, la imposición de normas locales y la comisión de homicidios selectivos. A esta dinámica se suma la expansión de las ACSN, que buscan disputar las rutas ilegales, y la eventual presencia de frentes del ELN que intentan recuperar influencia en la zona.

La Defensoría advirtió que esta triple confrontación genera un escenario de riesgo humanitario para los habitantes del Bajo Rionegro. Entre las principales afectaciones señaladas se encuentran el desplazamiento forzado, el confinamiento de comunidades, el reclutamiento de menores y la vulnerabilidad de líderes sociales y mujeres rurales.

El organismo también indicó que la limitada presencia estatal en materia de justicia, salud, educación y saneamiento básico agrava la situación de inseguridad, lo que ha permitido la expansión de los grupos armados en áreas donde no hay cobertura institucional.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 28 recomendaciones dirigidas al Gobierno Nacional, la Gobernación de Santander y las autoridades municipales. Entre ellas, se incluyen medidas para reforzar la seguridad en los corregimientos, fortalecer la institucionalidad local, mejorar la atención a víctimas y garantizar la protección de los derechos humanos.

El informe concluye que, de no adoptarse acciones de respuesta inmediata, la disputa armada podría intensificarse y ampliar su radio de influencia sobre comunidades que hoy permanecen bajo amenazas o presiones de los actores armados.

La Defensoría insistió en que el seguimiento a la alerta debe ser coordinado entre las autoridades civiles, militares y de derechos humanos para evitar una mayor crisis en la región.