¿Cuándo se puede conocer la intención de voto según la ley de encuestas?

La recientemente aprobada Ley 2494, que regula las encuestas, fue sancionada por el presidente Gustavo Petro el 24 de julio de 2025 tras ser aprobada por el Congreso. Su objetivo es restaurar el rigor técnico y la confianza ciudadana. Introduce más de 16 artículos que modifican la Ley 130 de 1994, la Ley 1475 de 2011 y las resoluciones vigentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en esta materia (23 de 1996 y 50 de 1997).

Algunos analistas han señalado que la norma representa una forma de censura, al limitar la divulgación tradicional de preferencias electorales y establecer condiciones que, consideran, dificultan económicamente la realización de los sondeos.

La ley establece que toda encuesta debe cumplir una serie de requisitos, que van desde los datos habituales como autoría, financiación, tamaño de muestra y margen de error hasta exigencias adicionales: entrega de microdatos anonimizados, nivel de confiabilidad por indicador, código computacional de procesamiento y una declaración expresa sobre pagos o contraprestaciones a los encuestados.

Las firmas deberán entregar al CNE no solo la ficha técnica, sino también los microdatos, cuestionarios, grabaciones, el código de procesamiento y los detalles del diseño muestral. Cada encuesta deberá ser auditada y conservada por al menos dos años.

Otro aspecto relevante es que las encuestas deberán aplicarse en todos los municipios con más de 800.000 habitantes, lo que, según algunos sectores, podría elevar los costos logísticos y limitar la viabilidad para firmas con menor capacidad financiera. En cuanto a la divulgación, solo podrá publicarse información de intención de voto a partir de tres meses antes del primer día de inscripción de candidatos. Antes de ese plazo, ni encuestadoras ni medios podrán publicar resultados relacionados con intención de voto.

Para las elecciones al Congreso (Senado y Cámara), cuya inscripción de candidatos comienza el 8 de noviembre de 2025, las encuestas de intención de voto solo podrán divulgarse desde el 8 de agosto de 2025.

En el caso de las elecciones presidenciales de 2026, la inscripción inicia el 31 de enero, por lo que la ventana de divulgación se abre a partir del 31 de octubre de 2025.

Antes de estas fechas, aunque se incluyan preguntas de reconocimiento o favorabilidad, no se podrá divulgar oficialmente la intención de voto.

Los defensores de la ley señalan que busca evitar campañas electorales permanentes, reducir sesgos metodológicos y garantizar transparencia. Por su parte, los críticos advierten posibles limitaciones al derecho a la información y dificultades para encuestadoras pequeñas.

El desarrollo del proceso electoral de 2026 permitirá observar cómo se comportan las cifras publicadas por las firmas especializadas en sondeos.

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