El Consejo Gremial Nacional manifestó su rechazo a las solicitudes realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a distintas empresas del país para que entreguen información relacionada con la fijación de precios, estructuras de costos y márgenes de ganancia.
La organización gremial sostuvo que estos requerimientos exceden las competencias legales del ente de control y comprometen información amparada por la reserva. A través de un pronunciamiento oficial, el Consejo Gremial señaló que la petición de datos confidenciales sobre los parámetros internos de las compañías no estaría mediada por un proceso legal específico.
Según la agremiación, este tipo de exigencias involucra aspectos estratégicos de la actividad empresarial, como políticas de descuentos y criterios de determinación de precios, que forman parte del núcleo reservado de las empresas.
La presidente del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, afirmó que la Constitución establece límites claros a la intervención estatal en la actividad privada. En su declaración indicó que el artículo 333 protege la libertad económica y la reserva comercial, y sostuvo que la función de vigilancia de mercados no equivale a exigir la lógica interna de fijación de precios de manera generalizada. También señaló que la inspección y supervisión tendrá que enfocarse en conductas concretas y no en solicitudes masivas de información preventiva.
El Consejo Gremial recordó que Colombia se define como un Estado Social de Derecho que protege la iniciativa privada, la libertad económica y la libre competencia. En ese marco, reconoció que la SIC tiene facultades para inspeccionar e investigar a las empresas, pero indicó que dichas actuaciones deben realizarse dentro de las competencias expresamente asignadas por la ley y mediante procedimientos establecidos.
En el comunicado, la organización advirtió que la exigencia generalizada de información sujeta a reserva comercial, como criterios de fijación de precios y márgenes de utilidad, afecta la seguridad jurídica, la estabilidad de los mercados y la confianza de los inversionistas. También reiteró que la reserva comercial constituye una garantía constitucional que solo puede levantarse bajo causales y procedimientos definidos legalmente.
El Consejo Gremial insistió en que la persecución de prácticas anticompetitivas es una función legítima del Estado, pero señaló que los esquemas de requerimientos amplios no deben partir de la presunción de ilegalidad sobre la actividad empresarial. En su comunicación, la agremiación sostuvo que las actuaciones de la SIC deben ceñirse estrictamente al marco legal que regula sus funciones.
El pronunciamiento se suma a las reacciones de distintos sectores empresariales frente a los requerimientos de información. El Consejo Gremial no descartó que el alcance de las facultades de la Superintendencia pueda ser objeto de examen en instancias judiciales, ante las implicaciones que, según indicó, podrían derivarse para el ejercicio de la actividad económica y la protección de la reserva comercial.
