Gremios cuestionaron a la SIC de extralimitarse y presionar a empresas con exigencias sobre precios y costos

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), junto con otros gremios del sector productivo, expresó preocupación por los requerimientos de información que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha dirigido a empresas del país sobre su estructura de costos, márgenes de ganancia y criterios de fijación de precios.

Según la ANDI, las solicitudes incluyen datos relacionados con políticas comerciales internas y elementos que hacen parte de la información estratégica de las compañías. La agremiación sostuvo que este tipo de requerimientos podría exceder las facultades legales de la entidad y afectar principios constitucionales como la libertad de empresa y la confidencialidad de la información empresarial.

El gremio recordó que la SIC tiene competencia para solicitar información a personas naturales y jurídicas en el ejercicio de sus funciones, pero indicó que estas actuaciones deben ceñirse a los límites fijados por el ordenamiento jurídico y responder a criterios de proporcionalidad. En ese contexto, citó el principio según el cual los servidores públicos solo pueden ejercer funciones expresamente atribuidas por la ley.

La ANDI señaló que la protección de los consumidores constituye un objetivo legítimo, aunque advirtió que su desarrollo debe darse en un marco que garantice los derechos constitucionales de las empresas.

También indicó que no descarta que la Corte Constitucional examine el alcance de las facultades de la Superintendencia frente a este tipo de solicitudes, ante posibles implicaciones sobre la seguridad jurídica y la competitividad empresarial.

El Consejo Gremial y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) también reaccionaron a los requerimientos de la SIC. Estas organizaciones manifestaron reparos frente al alcance de la información solicitada, que incluye criterios técnicos y financieros sobre la formación de precios, inventarios, costos logísticos e impacto de variables económicas.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, afirmó que la actuación de la Superintendencia transforma el rol de la entidad hacia funciones de control directo sobre los precios. Señaló que exigir a los establecimientos el desglose de miles de referencias comerciales representa una carga operativa para el sector. También comparó estas medidas con esquemas de intervención económica aplicados en otros países y cuestionó su viabilidad en mercados con productos perecederos y variaciones diarias en centrales de abastecimiento.

De acuerdo con los gremios, los cuestionarios contienen solicitudes técnicas y jurídicas de alta complejidad, orientadas a conocer modelos de costos, algoritmos de fijación de precios y manejo de inventarios. Las organizaciones empresariales indicaron que este tipo de indagaciones puede incidir en la dinámica comercial de las compañías.

Hasta el momento, la Superintendencia de Industria y Comercio ha señalado que los requerimientos hacen parte de sus funciones de inspección y vigilancia. Entretanto, los gremios anunciaron que continuarán analizando el alcance de las solicitudes y sus efectos en el sector productivo.