Conozca el ABC de una consulta popular en Colombia
El presidente Gustavo Petro anunció el pasado martes 11 de marzo su intención de convocar una consulta popular con el propósito de salvar sus reformas, una medida que ha generado rechazo y polémica en el país. Para sus críticos, esta iniciativa es una reacción desesperada tras los reveses legislativ
El presidente Gustavo Petro anunció el pasado martes 11 de marzo su intención de convocar una consulta popular con el propósito de salvar sus reformas, una medida que ha generado rechazo y polémica en el país. Para sus críticos, esta iniciativa es una reacción desesperada tras los reveses legislativos, mientras que otros advierten que podría ser un intento de perpetuarse en el poder.
Pero, ¿qué implica realmente una consulta popular?
Este mecanismo de participación ciudadana, establecido en la Constitución de 1991 y regulado por la Ley 134 de 1994, permite a los colombianos decidir sobre temas de interés nacional, regional o local. Su propósito es involucrar directamente a la ciudadanía en decisiones clave para el país.
El proceso de una consulta popular comienza cuando el presidente de la República, con la firma de sus ministros, presenta al Senado una pregunta específica junto con su justificación. Este paso está regulado por el artículo 31 de la Ley 1757 de 2015, que exige que la pregunta esté formulada de manera clara y precisa para garantizar que los ciudadanos comprendan el tema a consulta, que en este caso está relacionado con las reformas de salud y laboral.
Una vez presentada la pregunta, el Senado tiene un mes para evaluar su conveniencia, conforme al artículo 32 de la Ley 1757. Durante este periodo, los senadores analizan si la consulta cumple con los requisitos legales y si es pertinente someterla a votación ciudadana.
Si el Senado aprueba la consulta, esta debe realizarse en un plazo de tres meses posteriores a su concepto favorable o al vencimiento del plazo para su pronunciamiento. Durante este tiempo, se organiza la logística para la votación, incluyendo la divulgación de la pregunta y la información relevante para que los ciudadanos puedan tomar una decisión informada.
Según informó el presidente Gustavo Petro, la consulta popular con la que busca aprobar sus reformas sociales, que en su mayoría han sido rechazadas en el Congreso, se realizaría en un plazo máximo de tres meses. Durante su alocución presidencial, el mandatario anunció que en menos de un mes el Congreso de la República recibirá el texto de aprobación de la consulta popular, con la que buscará que el pueblo colombiano decida sobre la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma laboral.
Finalmente, con esta estrategia, Petro también busca dar un golpe sobre la mesa y demostrar que el pueblo está de su lado, dejando en jaque a los candidatos opositores a la Presidencia de la República en 2026.
El costo de la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro podría oscilar entre 57 millones de dólares y 1 billón de pesos, según estimaciones preliminares. En comparación, la consulta anticorrupción de 2018 tuvo un costo aproximado de 310.479 millones de pesos. Sin embargo, expertos advierten que los gastos de una nueva convocatoria serían significativamente mayores debido al impacto de la inflación y el crecimiento del censo electoral.
¿Qué se necesita para que la consulta tenga validez?
Para que una consulta popular sea vinculante, se requiere la participación de al menos un tercio del censo electoral, lo que equivale a aproximadamente 13,6 millones de ciudadanos. Además, la propuesta debe obtener el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos. Si estos umbrales no se alcanzan, la consulta no tendrá efectos vinculantes, aunque sus resultados podrían influir en futuras decisiones políticas.
Cabe recordar que este mecanismo fue utilizado en la consulta anticorrupción de 2018, donde los ciudadanos votaron sobre medidas para combatir la corrupción. Ahora, el debate se centra en si la propuesta de Petro es un genuino ejercicio democrático o una estrategia política para sortear la oposición del Congreso.
Por ahora, la oposición sigue rechazando la propuesta de Petro, argumentando que es una maniobra política para evadir el control del Congreso y aferrarse al poder. Mientras tanto, el Presidente defiende su iniciativa, asegurando que el Legislativo mantiene un «bloqueo institucional» contra su gobierno y que «todo se convirtió en una dictadura y no en una democracia», en referencia a la falta de apoyo a sus reformas.

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