martes, noviembre 30, 2021
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(CONFIDENCIAL) EL Mapa del Miedo 2. Revocatoria de Daniel Quintero, sin garantías

Los que manejan los hilos del poder en el país (Deep State) tienen una presión a nivel continental desde los compromisos y pactos dados en con el denominado Grupo de Puebla, que reúne a los movimientos de izquierda radical que buscan, con un plan coordinado, implantar el Socialismo del Siglo XXI en todo el continente.

En la primera entrega de este Mapa del Miedo, desvelamos quiénes son esas personas en las altas esferas que se han comprometido a derribar al que denominan el último bastión institucional que tiene Colombia a nivel democrático y que con votos, no ha permitido que el país acepte el modelo que representan las FARC, Gustavo Petro, César Gaviria, Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras, Piedad Córdoba, Iván Cepeda y en general, los movimientos de izquierda, mal llamados progresistas.

Ese «Deep State» que ha instaurado atornillando en todas las instituciones del Estado a personas claves que actúan bajo una agenda específica trazada por ellos, permite que se boicotee al mismo Estado y a los gobiernos de turno que no son de su agrado, desde dentro. Operan, como lo dicen las fuentes consultadas, «como un Caballo de Troya y han ido instalando soldados a la causa por décadas». Explican que se han concentrado en las instituciones estatales más claves, en aquellas que con su poder, pueden «cogobernar» o interferir en la puesta en marcha de las tomas de decisiones.

Se refieren a cómo han insertado personas en el aparato Judicial que va desde las cortes hasta los jueces y sobre todo el apoderamiento de la JEP. Han metido gente en la Procuraduría, la Fiscalía, las contralorías, los ministerios, especialmente en los de Educación, Salud, Cultura, de Gobierno y de Justicia; además han infiltrado la mayoría de institutos descentralizados, el DNP, la Registraduría y el Consejo Nacional del Estado Civil, entre otras entidades.

Su modo de operación es que esas personas demoren, engaveten, cambien, malinterpreten, manipulen o desvíen las decisiones gubernamentales. Pero lo mas llamativo, cuentan los consultados, es cómo han trabajado las regiones y localidades para poder ir permeando las desiciones nacionales y poder desrvirtuarlas o aplicarlas a su manera.

Desde que los ciudadanos en Medellín percibieron que algo no estaba funcionando en la administración, separándose de esos pasos del desarrollo y del correcto manejo de las finanzas, planes, programas y unión para salir adelante ante las crisis; se gestó una iniciativa ciudadana para utilizar los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la Constitución Nacional de 1991. El mecanismo escogido fue la Revocatoria y se conformó un pacto de varias entidades y personas naturales que plantearon esa posibilidad.

El «Deep State» entró en pánico y al comienzo trataron de desvirtuar y deslegitimar el tema de la revocatoria a través de los medios de comunicación nacionales que se hicieron eco de que esto se estaba gestando y tomaba fuerza. Lo ocurrido en Medellín sirvió de inspiración para otras ciudades y poco a poco, se fueron dando comités por todo el país, que solo esperaban que llegar enero de 2021 para poderse inscribir.

Los hilos del poder, se alertaron y al finalizar el año 2020 comenzaron desde proponer un proyecto de ley estatutaria para tratar de reglamentar y modificar las revocatorias en el país, en el último trimestre del año y aun sabiendo que no alcanzarían a surtir los trámites de ley a tiempo, pues esta tardaría dos legislaturas en sus debates para ser aprobada.

Y es que de la nada, salió uno de los congresistas representantes a la Cámara por Cambio Radical, enviado por Germán Vargas Lleras, con un proyecto de ley que fue radicado como el 218 de 2020, en el que se propone modificar la ley estatutaria que rige en el país, los mecanismos de participación ciudadana. Justo en el artículo sexto de este proyecto se pone una nueva traba a los ya difíciles procesos de revocatoria del mandato y plantea que se debe hacer una audiencia pública convocada por el Consejo Nacional Electoral para que el Comité de Revocatoria argumente y el Alcalde a ser revocado se defienda. Solo así, los miembros del CNE, en su criterio podrán dar el visto bueno o negar el proceso al Comité de Revocatoria.

Si bien no sería posible tramitarla, consideraron que, el solo plantearla, desmotivaría a los promotores de la revocatoria en Medellín, pero estos ni se dieron por enterados. Fue entonces que se apresuraron a integrar un par de artículos en la ley que se estaba conciliando sobre el nuevo código electoral. La idea hasta este momento, era buscar entorpecer que el comité de revocatoria se inscribiera.

La idea sale del mismo partido Cambio Radical, bajo las directrices de Vargas Lleras. Con el direccionamiento se lograron meter a último minuto, dos artículos con la misma cortapisa al proceso democrático en el Código Electoral Colombiano que impulsó la Registraduría. Los artículos fueron el 271 y 272 donde se retoma el artículo sexto del proyecto de ley 218 radicado. La inclusión la lograron hacer durante las sesiones extras en medio de la conciliación entre Cámara y Senado y en la sesión mixta, quedó firme y dentro del texto definitivo.

Pero el tiempo tampoco les daba al «Deep State». Los cálculos mostraron que el Código tenía que ser aprobado el 18 de diciembre y luego ir a la Corte Constitucional y luego a sanción presidencial. Esto no se daría antes del 3 de enero de 2021, cuando el Comité de Revocatoria comenzaría a actuar.

El Miedo del «Deep State» estaba claro. El movimiento de Medellín, podría hacer carrera y crecerse en todo el país, así que si encontraban como detener los nacientes procesos antes de inscribirse en la Registraduría iba a ser un éxito, pero no fue posible al finalizar noviembre y comenzar diciembre. Quemado ese cartucho, había que ser «recursivos», dicen los consultados, y buscar otra manera de impedir que el movimiento de revocatoria pudiera avanzar en su propósito; así que movidos los hilos del poder, encontraron que la solución parcial podría estar en el Consejo Nacional Electoral.

Tras largas reuniones de los líderes con el CNE y tras las súplicas de Daniel Quintero a sus protectores para que le pararan su revoctoria que cada día tenía mas adeptos por cuenta de los escándalos que a fin del año lo acompañaban; vieron que existía una posibilidad de hacer que si bien no se podía detener, podría explorar la posibilidad de demorar el proceso.

El CNE se ideó entonces el sacar de la manga un fallo de una sentencia de la Corte Constitucional de 2018 que ordena a la Registraduría y al CNE hacer audiencias públicas en el caso de la intención de revocatoria contra Enrique Peñalosa cuando era alcalde de Bogotá. La sentencia se da solo en el caso puntual de Peñalosa, pero en lo que ordena, la misma sentencia llama al Congreso legislar al respecto para que a través de leyes, se puedan garantizar las Audiencias Públicas.

Durante dos años ni el Congreso, ni el Consejo Nacional Electoral, ni la Registraduría, hicieron nada para cumplir con lo ordenado por la Corte; pero una vez salió el tema de la Revocatoria al protegido del «Deep State», lael CNE recuerda el fallo y profiere una extraña resolución que se convierte en un exabrupto jurídico, pues se pretende modificar con una resolución una ley.

Aun sabiendo que una simple resolución no puede modificar el procedimiento establecido en una Ley Estatutaria, el CNE se aventuró. Calcularon los magistrados que el error evidente sería visto por los jurídicos de la Revocatoria y en consecuencia la demandarían, con lo que el proceso de revocatoria se suspendería. Pero los líderes de la revocatoria no cayeron en la trampa y dejaron a que sean las mismas cortes las que tengan que actuar cuando ellas mismas lo deseen o esperen a que el proyecto de ley ya presentado, comience su curso y revoque la resolución.

La resolución es la 4073 del 16 de diciembre de 2020.

Con este panorama se acabó el año 2020 y el 3 de enero se inscribieron los miembros del Comité de Revocatoria del «Pacto por Medellín». El «Deep State» esperaba que se pudiera hacer efectiva la aprobación o negación subjetiva del proceso de revocatoria y pretendían que una vez se dieran las audiencias públicas, la Registraduría y tras las actas, podía definir si continuaba o no el proceso. Pero encontraron que esto no lo pueden hacer sin la ley, razón por la cual lo único que se les ocurrió fue cambiar, a última hora, las reglas del juego en la audiencia, impidiendo que los ciudadanos inscritos para hablar, lo hicieran.

Tras las molestias, nada se pudo hacer y los ciudadanos que no pudieron expresarse en medio de la Audiencia Pública de manera oficial, lo hicieron de manera extraoficial a través de las redes sociales y de este portal que publicó sus discursos.

Los medios de comunicación públicos local y regional, Telemedellín y Teleantquia, el primero que pertenecen a la alcaldía y el segundo a la Gobernación; no transmitieron la audiencia y evitaron que las voces de los ciudadanos inscritos a los que se les negó el derecho para hablar, fueran escuchados por sus medios. Solo hicieron reseñas periodísticas del tema en los espacios informativos, en donde brilló mas el espectáculo del alcalde a su llegada que el dar a conocer las motivaciones que buscaban su revocatoria.

Ya en ese momento, se hablaba de la falta de garantías que venía teniendo el proceso y de cómo el poder estaba actuando para proteger al alcalde y evitar que el proceso de revocatoria continuara.

No obstante el proceso continuó y tras la Audiencia, solo se esperaba la entrega de planillas como correspondía de acuerdo a la resolución y a los términos de la ley. La audiencia se llevó a cabo el 25 de enero y sorpresivamente el 30 del mismo mes, en vez de entregar las planillas, el Registrador Alex Vega, sorprendió diciendo que se congelaban los procesos de revocatoria en todo el país, porque se esperaba un pronunciamiento del Ministerio de Salud, sobre los protocolos de bioseguridad.

¿Pero cómo se llegó a esa consulta al Ministerio?. Por una pregunta de un periodista en una emisora radial en la que participaron varios voceros de revocatorias del país y Pablo Bustos, el presidente de las veedurías ciudadanas, quien es ficha del «Deep State» según cuentan los consultados. Según ellos en su versión, Bustos es la ficha clave para que las veedurías no puedan cumplir con su labor plenamente y busca, con su vocería, filtrar sigilosamente los procesos que no le convienen a los intereses de la red de poder, se desvíen, se descalifiquen y no lleguen a su puerto. IFMNOTICIAS.COM intentó contactar a Bustos, pero no fue posible.

Una de las respuestas de Bustos en la entrevista radial, trazó la línea de la conveniencia por los temas de tener que recoger las firmas en época de pandemia. El periodista retomó el tema y replicó la pregunta a todos los entrevistados. Esta respuesta de Bustos, orientó por fuera de la radio al CNE y la Registraduría; ahora solo necesitaban pronunciarse en caso de que alguien hiciera oficialmente la pregunta. Esto ocurrió desde algún ciudadano al parecer integrante de la revocatoria de Claudia López y fue entonces cuando ejecutaron el plan de detener los procesos de revocatoria en todo el país, aduciendo esta coyuntura.

No importó que lo que se estuviera deteniendo fuera un derecho constitucional y se pegaron de la disculpa de la pandemia cuando ya el mismo Concejo Nacional Electoral y la Registraduría, habían autorizado en los momentos de mayor pico en la pandemia, un referendo campesino que se inscribió el 28 de noviembre de 2020 y entregaron los formularios el 15 de diciembre y continúan en la recolección de firmas sin haber tenido que registrar protocolos de bioseguridad ni de esperar concepto del Minsiterio de Salud.

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Es decir, el miedo del «Deep State» es de tal magnitud, que no solo han violado la ley sino que la han manipulado al antojo, solo para proteger al Daniel Quintero, destrozando el derecho que asiste al Estado de brindar las garantías de las que habla la constitución, para que se adelanten los mecanismos de participación democrática.

Esas garantías, dependen también del propio alcalde como funcionario del Estado, pero justo él mismo, ha hecho todo lo posible por minar, desvirtuar el movimiento de revocatoria, deslegitimiar a sus promotores, perseguirlos, hacerles operativos sorpresa en sus empresas, acusarlos con mentiras en los medios de comunicación.

Entre los ataques, el alcalde ha enfilado las baterías y conformó un ejercito de funcionarios y seguidores para la que creó una plataforma que se llama Medellín Imparable y que actúa en la línea de lo legal en sus grupos de facebook y twitter. Prácticamente una bodega. En ella hay jóvenes seguidores con conocimientos y asesoría informática y hackers que disparan para todo lado con contenidos que ridiculizan a quienes se atreven a criticar al alcalde. No dejan títere con cabeza.

La plataforma Medellín Imparable, coordina los ataques al comité de revocatoria, dicen algunos miembros del comité de revocatoria y suman además, los ataques a quienes no piensan como el alcalde. Es la herencia planeada de la estrategia de perfilamientos y seguimientos que persisten desde la administración y que fueron contratados por Telemedellín y revelados por las víctimas a mital del año pasado, afirman los consultados. Las denuncias de aquél momento sobre estos hechos quedaron en nada.

Desde las redes, el alcalde ha señalado a los miembros del comité, los ha enviado a «coger oficio» con sus secretarios de despacho, les ha llamado «dinosaurios» en la nueva concepción del lenguaje del secretario de la NO Violencia, quien es familiar de la esposa del alcalde. El alcalde ha mentido para decalcificarlos diciendo que tienen 4 millones de dólares para financiarse, y el mas reciente, interceptó una comunicación privada que hizo pública tergiversando su contenido para tratarlos de corruptos.

Con este trino del alcalde, el «Deep State» se movió y vio una nueva oportunidad para dinamitar el proceso de revocatoria y en 24 horas solicitó una investigación del Consejo Nacional Electoral para profundizar en las falsas denuncias del alcalde Quintero sobre los manejos de 1.500 millones de pesos que no existen y que solo están en un papel como el presupuesto a conseguir.

Pero el miedo a que el proceso funcione y termine destituyendo al alcalde para dar paso a un proceso de elección democrática en el que ya no tendrían tan fácil volver a llegar a apoderarse de Medellín a la luz de los intereses más altos del poder; Jaime Luis Lacoture como Magistrado, hace todo lo posible para que se surtan los efectos de la investigación que podría generar una medida cautelar que suspenda al comité de revocatoria y por ende todo el proceso hasta que se tengan resultados de la investigación; los mismos que podrían tardar años y así, pisotear los derechos de los ciudadanos; según lo dice un exmagistrado del CNE consultado

Ahora nace un nuevo comité, que sabe que ante la falta de garantías, puede convertirse en la única alternativa de reactivar el proceso de revocatoria.

El miedo de los poderosos que quieren instaurar el nuevo modelo de gobierno en el país, hace todos sus movimientos, y ha decidido que el campo de batalla es Medellín y Antioquia.

Ahora pregúntese, por qué han querido meter a la cárcel o empapelar jurídicamente a la clase dirigente antioqueña con posibilidades nacionales de las últimas décadas y por qué algunos exalcaldes y exgobernadores, están virando hacia la llamada centro izquierda.

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