Concluye la novela del Meritage con histórico fallo para Colombia

El caso Meritage comenzó en el 2026, año en que el Gobierno Nacional intervino con una decisión de extinción de dominio al conjunto residencial y comercial en construcción en un selecto paraje de la antigua vía al aeropuerto – Las Palmas – Rionegro, en el oriente cercano en Antioquia, en predios del municipio de Envigado.

Sobre la obra se había creado todo un mito, toda vez que se sabía que los terrenos donde se construía, lo que prometía ser un lujoso edificio y un conjunto de casas de clase alta, estaba situado en predios que le pertenecían a la mafia de la Oficina de Envigado y a miembros paramilitares; es más, se hablaba que una joven de apenas 22 años, era quien aparecía como la Representante Legal y como esto, una serie de confusas informaciones que construyeron el mito urbano del Meritage.

Una vez el Gobierno Nacional interviene la construcción, esta se paraliza y en medio del escándalo, se comenzó una pelea jurídica internacional que concluyó, ocho años después y en la que Colombia se salvó de pagar más de un billón y medio de pesos (U$250 millones de dólares) de quienes reclamaban por su inversión.

Y es que la historia tenía de fondo elementos menos mediáticos, pero quizás los más importantes, porque no todo era el mito urbano. Si bien los predios sobre los que se construía el Maritage sí estaban comprometidos con la mafia y grupos delincuenciales, estos predios habían sido comprados legalmente por parte de inversores, en su mayoría ciudadanos norteamericanos, que apostaron por construir en Antioquia y quienes durante todo el proceso, argumentaron haber comprado los predios de buena fe.

Inició así, en el 2019, un proceso jurídico en Washington – Estados Unidos, por parte de los inversionistas inmobiliarios, ante el Tribunal de Arbitraje de Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde se acogieron a una categoría contemplada en tratados de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en la que, demandaron al Estado Colombiano en busca del retorno de su inversión, que si bien ya no eran la devolución de los predios ni de la obra levantada en esqueleto que hoy permanece como un elefante blanco abandonado al borde de la carretera, sí pretendían la compensación económica con intereses incluidos por valor de 250 millones de dólares

El fallo internacional avaló a Colombia y según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, este es un fallo histórico, pues es la primera vez que se acoge la figura de «Excepción de Seguridad Esencial», incorporada en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC, por parte una corte internacional, dando la razón a Colombia, en este caso.

En un comunicado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica señala que “este es un triunfo único e histórico no solamente para nuestro país, sino internacionalmente para toda la comunidad arbitral y la legitimidad del sistema del arbitraje de inversión”.

Y es que este fallo, marcará en lo sucesivo para casos similares que también se da en otros países. Hasta el momento, esta figura se había presentado en otros procesos similares internacionales, pero la primera vez que es acogida.

La demanda en contra de Colombia, fue interpuesta por el empresario Ángel Seda, quien era el representante de los inversionistas extranjeros y quienes durante el proceso señalaban que se violó el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos. Seda argumentaba que una cosa era la extinción de dominio a los terrenos y otra muy diferente era afectar la construcción que estaba sobre ellos, la misma que fue suspendida y que hoy está abandonada, mientras que los inversionistas esperaban se les devolviera su dinero.

Los inversionistas habían depositado en el proyecto inmobiliario, ente 500 y 800 millones de pesos cada uno para la construcción del Maritage, pero la suspensión de la obra, les tenía el dinero perdido, por lo que le reclamaban la devolución de lo invertido, más el lucro cesante e intereses.

Según la demanda, el hecho de que la Fiscalía General de la Nación actuara sobre los terrenos, en medio de un proceso contra los anteriores propietarios de los predios por lavado de activos provenientes del narcotráfico, sustentaba que el Estado Colombiano, debía indemnizar a los inversionistas por el monto anotado.

La sentencia rechazó la pretención de los inversionistas y acogió los argumentos de Colombia, señalando que el tribunal no podía pronunciarse sobre la legalidad de la extinción de dominio, pues fueron medidas tomadas que se han mantenido en el tiempo por la justicia, en los que se protege la seguridad esencial del Estado.