Presente y futuro

Por Margarita Restrepo

Pitágoras decía: “Educad a los niños y no tendrás que castigar a los adultos”

El desafío que el terrorismo le ha planteado a Colombia desde hace más de 60 años no ha respetado frontera alguna. Campesinos, empresarios, negritudes, mujeres, indígenas, profesionales, trabajadores de clase media y los niños…nuestro futuro, han sido víctimas directas de la violencia generada por los grupos armados ilegales, que se empecinan en azotar la patria.

La idea de escribir este artículo no es aislada ni arbitraria. Llevo años estudiando con preocupación, los efectos nefastos que sobre nuestra sociedad tiene el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescente. Hace apenas unos años cuando veíamos esas imágenes de niños africanos o asiáticos vestidos con uniformes militares y portando un fusil AK-47 cuya longitud supera a su estatura, nos resultaban desgarradores y mientras las mirábamos con dolor, pensábamos “que tragedia, pero, gracias a Dios esto no pasa en Colombia”. Pensábamos en este crimen como algo lejano a nosotros, tal vez Afganistán, Angola, Burundi, La República Centro Africana, Costa de Marfil, La República Democrática del Congo, Guinea, Liberia, Mozambique, Somalia, Sudán y Uganda podrían sufrir este flagelo, pero Colombia no…lamentablemente tenemos que cargar con el deshonor, con la vergüenza, de ser el país del mundo donde más niños reclutan día a día. Donde este crimen es una práctica masiva y sistemática desde hace décadas.

Alguien dirá que ese delito no es permitido en el territorio nacional y que, contrario censo, está tipificado en el Código Penal. Lo que es cierto. A través de la Constitución, de las leyes y sobretodo de tratados internacionales, Colombia observa una protección especial a los niños, entendiendo que se trata de los seres más vulnerables de la sociedad. No en vano, soy la autora, ponente y defensora de la ley que iguala la justicia colombiana a la jurisdicción internacional, además de que implementa una política pública eficaz en cuanto a la prevención del reclutamiento y en la desvinculación de niños, niñas y adolescentes de los grupos armados al margen de la ley. Esta norma se enfoca en la prevención, ya que una pena alta es disuasiva y evita la impunidad.

Ahora bien, otra de las razones por las que es importante el aumento de penas para este crimen, es por que al hacer una revisión de la ley misma en su contexto, se encuentra que pertenece al titulo II de la ley 599 del 200, sobre los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, en su capítulo único, en el que encontramos como punto de comparación otros delitos que atentan contra este bien jurídico, como lo es el Homicidio en Persona Protegida del artículo 135 y la Trata de Personas en Persona Protegida con fines de Explotación Sexual del artículo 141B de la ley previamente aludida. También hemos registrado como, en un tiempo relativamente breve, nuestro sistema punitivo se ha encargado de endurecer los castigos contra aquellos que abusan de los niños, niñas y adolescentes. Hace muy poco tiempo, la violación de una niña era objeto de condenas muy laxas. Hoy tenemos el ejemplo de Rafael Uribe Noguera, el criminal que secuestro, violo y asesinó a una niña de 7 años. La justicia le puso la más ejemplarizante de las condenas. Durante los próximos 58 años, ese antisocial estará tras las rejas.

Ningún abuso contra los niños puede ser admisible. Todos los crímenes que se cometan en contra de ellos deben ser castigados con el mayor de los rigores. Flaco servicio se le presta a nuestra democracia, al establecer dobles patrones de castigo para crímenes cometidos contra una misma población.

Cada vez son más los niños que son integrados bajo presión a las organizaciones violentas. Que son separados agresivamente de sus hogares para convertirlos contra su voluntad, en generadores de muerte y dolor. Las niñas reclutadas son obligadas a mantener relaciones sexuales y hasta a convertirse en las “esposas” de los jefes terroristas. Nos preguntamos entonces, ¿la justicia castiga oportuna y ejemplarmente a quienes cometen estas atrocidades? En diferentes sentencias la Corte Constitucional ha ratificado la condición de víctimas de los niños reclutados a la fuerza, como por ejemplo en su sentencia C-203 de 2005. Así mismo a requerido de la rama judicial informes precisos sobre procesos e investigaciones en curso sobre responsables de este crimen, mientras la JEP continúa investigando a un ritmo paquidérmico el caso N° 07, no es admisible que este delito sea tratado como una especie de delito conexo o menor, que no merece mayor investigación o castigo, cuando a la luz de la justicia internacional se trata como una de las mayores contravenciones contra los Derechos Humanos. Bien lo dice el Pacto de San José “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado” (artículo 19, 1969).

Las cifras globales respecto de la afectación de la que son objeto los niños llevados a la guerra son francamente escalofriantes. De acuerdo con las mediciones realizadas por la UNICEF, en los últimos 10 años, 2 millones de niños fueron asesinados en el marco de guerras internas e internacionales. Se estima que entre 4 y 5 millones han quedado con lesiones permanente, mientras que 12 millones han perdido su casa. 10 millones de niños en el mundo crecerán con traumas psicológicos permanentes, como consecuencia del involucramiento de que han sido víctimas en confrontaciones armadas.

En el caso colombiano la disparidad de cifras y criterios es alarmante. Me voy a ceñir a la información obtenida mediante derechos de petición a distintas entidades. La fiscalía reporto 6.087 víctimas menores de edad, en cuyos casos los responsables del crimen son: 3.794 las FARC, 1.057 el ELN, 1.055 las autodefensas, 216 las bandas criminales, la Unidad de Atención para las Víctimas reveló que entre 1985 y el 2015 se registraron 7.629 víctimas. La JEP afirma que durante el conflicto colombiano hubo 18.677 víctimas de reclutamiento por parte de las FARC, sin contar los demás grupos terroristas al margen de la ley. Según información de FEVCOL, las FARC reclutaron aproximadamente 40.000 niños en los últimos años. Más aterrador que estas cifras, es pensar que este crimen es uno de los delitos que más subregistro tiene.

No estoy de acuerdo con que Colombia hubiera reconocido la existencia de un conflicto armado, pero ya que lo hizo, entonces debe ajustarse con rigurosidad a las exigencias internacionales que dicha decisión política trae consigo. Esta resolución obliga a que los estados pongan fin a la impunidad y judicialicen a los responsables de “genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes atroces cometidos contra los niños”. Por esta razón es delicado que ni el gobierno, ni la JEP, hayan determinado una metodología acertada que nos permita conocer a ciencia cierta la magnitud de esta tragedia que estamos padeciendo. Asegura el ICBF que, del total de los niños desvinculados, 3879, un 17% fue recuperado por la fuerza publica y un 83% salió voluntariamente. Además, afirma que el 52% de los niños desvinculados los de las FARC, el 10% de las ELN y el 2% provienen de las AUC. Cabe anotar que el 72% son niños, el 28% son niñas y el 71 no supera el último grado de primaria.

Habrá quienes, con todo cinismo, sobre todo los victimarios, aleguen que los niños son combatientes. Creo firmemente que un niño que es arrancado de su seno familiar y llevado forzosamente a empuñar un arma para asesinar con ella a sus congéneres es un esclavo.

No dudo en afirmar que la más excretable forma de esclavitud del siglo XXI se llama reclutamiento forzada de niños. La Organización Internacional del Trabajo se ha manifestado coherentemente con esta clasificación. En el convenio 182 de este organismo, el cual fue suscrito y ratificado por Colombia, se concluye que una de las peores formas de trabajo infantil es “el reclutamiento forzado de NNA para ser utilizados en la guerra”.

Por su parte el Estatuto de Roma incorpora la definición de esclavitud en los siguientes términos: ejercicio de atributos del derecho de propiedad sobre una persona…incluido el ejercicio de esos atributos en el trafico de personas, en particular mujeres y niños (artículo 7, 1998).

La pregunta es ¿Por qué el Gobierno Nacional no conmina a los grupos al margen de la ley, llámense FARC o ELN, para que desvinculen de una vez por todas al 100% de los niños que hoy están esclavizados por ellos?, ¿Por qué el gobierno insiste en negociar con grupos terroristas que permanentemente reclutan niños, niñas y adolescentes para integrarlos como combatientes, cocineros, esclavos sexuales? Los procesos de paz son una sumatoria de hechos de paz. En el gobierno del presidente Uribe, cuando se negoció la desmovilización de los grupos de autodefensa, la primera exigencia fue la de desvincular a los niños, niñas y adolescentes de las estructuras armadas ilegales. Antes de que el proceso empezara en firme – durante la etapa de exploración- entre el 3 de junio y el 27 de julio del 2003, 69 niños, niñas y adolescentes fueron desvinculados y entregados al ICBF. En total 763 niños, niñas y adolescentes fueron desvinculados durante el proceso con las AUC. La ley 975 de justicia y paz es clara al decir que, para que un desmovilizado pueda postularse a dicha norma para efectos de beneficiarse de una pena accesoria, el grupo previamente debió haber puesto a disposición del ICBF la totalidad de los menores reclutados.

Tratándose de víctimas especialmente sensibles ante observadores internacionales hay un elemento interno colombiano que causa profunda preocupación. La ley 1448, más conocida como la ley de víctimas”, le de un tratamiento mezquino a los niños reclutados forzadamente que lleguen a su mayoría de edad estando en las filas del grupo armado al margen de la ley. Según la norma en comento, no se considera víctima de reclutamiento aquel niño que cumpla 18 años y continúe vinculado a la estructura ilegal. Dicha disposición es absurda, puesto que la condición de víctima no prescribe y en el caso de los niños reclutados forzosamente hay un tracto sucesivo clarísimo en la comisión de la conducta punible.

La comunidad internacional, a diferencia del gobierno colombiano, no mira con tanto desinterés este crimen. Hay un consenso global respecto del grave daño que se le hace a una sociedad cuando se permite o se deja inmune el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. En el año 2012, la Corte Penal Internacional condeno a 14 años de cárcel al congoleño Thomas Lubanga al encontrarlo responsable del crimen de guerra, que se contempla en el apartado VII del literal E del numeral 2 del articulo 8 del Estatuto de Roma: reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlas los para participar activamente en las hostilidades. En la sentencia contra Lubanga, el magistrado de la CPI, Adrian Fulford asevero que: “el crimen de alistar niños de menos de 15 años y usarlos para participar activamente en las hostilidades es indudablemente muy grave porque implica exponerlos a peligros reales como blancos potenciales de ataques”.

¿Quien es el condenado Thomas Lubanga? Se trata del cabecilla de la denominada Unión de Patriotas Congoleses, una organización guerrillera, involucrada en acciones terroristas. En el Congo, el señor Lubanga estaba perfectamente impune, pero no a los ojos del mundo. La CPI le impuso una fuerte condena que hoy cumple tras las rejas.

No es el único caso. El Tribunal Especial para Sierra Leona halló responsable al expresidente de Liberia, Charles Taylor, de ser cómplice de los crímenes de guerra perpetrados por el Frente Revolucionario Unido, entre ellos el reclutamiento de centenares de niños menores de 15 años. A la fecha la CPI ha emitido 15 órdenes de captura contra diferentes criminales de guerra procesados por este delito.

Sin pretender entrar en el mundo de las especulaciones, si los responsables en Colombia de cometer el delito de reclutamiento quedan impunes, o peor, son receptores de condenas risibles, mucho me temo que los fiscales de la CPI no se quedarán con los brazos cruzados. No se trata de llenar el espacio de normas jurídicas, o tribunales de alto costo, si no, de implementar una política pública eficaz en tres líneas: prevención de reclutamiento forzado, desvinculación de niños, niñas y adolescentes de los grupos armados organizados al margen de la ley, además de educación, formación y acompañamiento de niños, niñas y adolescentes, padres de familia y maestros.

No reconozco categorías de víctimas, absolutamente todas merecen el mismo respeto, la misma consideración y por todas exijo enaltecimiento de sus derechos. No obstante, los niños ocupan un lugar destacado en el espectro de víctimas que arroja la guerra. Haberlos involucrado en el espiral de violencia terrorista es un crimen que debe ser castigado con toda severidad, Arauca, Antioquia, Caquetá, Caldas, Cauca, Guaviare, Huila, Nariño, Putumayo, Tolima, Vichada y el Valle del Cauca sumado a Bogotá, son los departamentos donde se ha registrado mayor reclutamiento de niños en los últimos años según el ICBF.

¿Quienes reclutan? Primordialmente las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, según el estudio de Monitoreo y Riesgo Integral para La Paz, desde la firma del acuerdo con las FARC en 2016 y hasta el 21. De agosto del 2022, han sido reclutados a la fuerza en Colombia 542 niños, niñas y adolescentes. Un reciente informe de Save The Children asegura que el 44% del ELN esta conformado por menores de edad, la Policía tiene más de 323 víctimas de reclutamiento ilícito identificadas dentro de los procesos investigativos del ELN y por este proceso ya hay 20 imputados.

Además, el reclutamiento trae consigo otros delitos, como es la desaparición forzada, el secuestro, la utilización, el abuzo sexual, anticoncepción forzada, aborto forzado, desplazamiento, actos de tortura y terrorismo contra poblaciones especificas. El reclutamiento ha sido un delito histórico en Colombia. Se estima que hay 6798 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la ley, entre 1999 y 2020.

Cada día qué pasa y con cada reclutamiento adicional de niños, niñas y adolescentes, Colombia continúa contraviniendo compromisos internacionales de los cuales es suscriptor y por lo tanto hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad. La incapacidad del Estado para impedir el reclutamiento por parte de organizaciones armadas ilegales es muestra clara de falta de control territorial. Insisto en recordar que por este problema nuestro país está siendo monitoreado por el Concejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se trata de un asunto de seguridad nacional, que requiere una respuesta urgente y contundente. Un Estado que no es capaz de impedir que grupos criminales secuestran a sus niños y jóvenes para integrarlos a sus practicas violentas, no merece el nombre de Estado Social de Derecho ni el respeto de la comunidad internacional, que se siente tentada a reaccionar ante esta violación a los derechos fundamentales con “intervenciones humanitarias” la meta debe ser cero niños reclutados.

Recuerdo hace algunos años las palabras del Expresidente Álvaro Uribe Vélez ante un grupo de niños músicos. “Necesitamos que Colombia le suba el volumen a la música y le baje el tono a los fusiles”.

Voy a compartir con ustedes el testimonio de una niña desvinculada de un grupo terrorista: Soraya, fue recibida por funcionarios del ICBF, ellos fueron a buscarla a la zona donde estaba concentrada la organización para explicarle lo que en adelante seria su nueva vida, fue presa de la emoción cuando le contaron que aprendería a leer y a escribir. Ella no podía creer que le estuvieran entregando ropa nueva, artículos de aseo y la estuvieran tratando con delicadeza, respeto y amor. El drama de Soraya es como el de muchas otras que ha sido reclutadas a la fuerza. Originaria del departamento de Chocó, fue sacada a la fuerza de su casa y cuando tenia 13 años fue seleccionada para convertirse en la “esposa” del comandante de esta estructura criminal que azotaba el sur occidente de Antioquia y Chocó. Allí donde nace el rio Atrato, esta niña fue reclutada a los 9 años, le raparon sus muñecas y sus libros para convertirla en esclava sexual de un hombre de 50 años.

De continuar como testigos silentes frente a las atrocidades que los grupos armados organizados al margen de la ley cometen contra nuestros niños, nuestra sociedad se convertirá en imperdonable cómplice y responsable del dolor y el daño que se le está causando a generaciones de jóvenes.

Impongámonos la meta de educar a nuestros niños para para que sean adultos ejemplares. No ahorremos un solo esfuerzo para sustraerlos de la espiral de violencia. Que sean expertos en interpretar instrumentos, en cantar, bailar y hacer deporte y no en disparar, que aprendan a leer y escribir, no a matar, a argumentar, no a agredir. Hagamos realidad todas esas normas nacionales e internacionales, trabajemos mancomunadamente para que el sueño de niños protegidos y felices no sea letra muerta, sino una realidad. Convoquemos a un gran pacto nacional contra el negacionismo del reclutamiento de menores, así como existe un consenso global en contra de la negación del holocausto judío – en algunas democracias ese negacionismo esta penalizado -, debe propenderse por generar una narrativa nacional que rechace cualquier manifestación tendiente a restarle importancia o mitigar el impacto social del reclutamiento de niños.

Uno de los preceptos fundamentales de reparación frente a un crimen de lesa humanidad, consiste en reconocer la magnitud del mismo, sin atenuar la responsabilidad de los victimarios ni ocultar los hechos ocurridos. Atentar contra un niño es atentar contra la sociedad, es atentar contra el presente y el futuro de la humanidad.