Petro y la desvalorización de Ecopetrol

Por Hernán Uribe López

Las utilidades de Ecopetrol durante el primer semestre de 2022 fueron superiores a las alcanzadas por la empresa durante todo el año 2021. $17,1 billones en seis meses contra $16,7 billones en doce meses; ambas cifras constituyen récords históricos para la compañía. Por lo anterior, era de esperarse una valorización del precio de la acción (ADR) en las bolsas de valores en el transcurso del año. Sin embargo, no fue así. Enero comenzó con un precio de $2.720/acción y este doce de octubre cerró a $2,163; es decir, una desvalorización superior al 20% sin ninguna razón financiera para ello. Petrobras, por ejemplo, se ha valorizado en este período el 30%, y Exxon y Devon un 60%.

¿Cuál es la causa que hace que Ecopetrol sea un caso único en el mercado internacional y vaya en contravía del sector? La causa es exclusivamente política; la desvalorización es el resultado de los erráticos anuncios que ha venido haciendo Gustavo Petro desde la campaña presidencial. De hecho, el 2 de junio, luego de la primera vuelta de las elecciones, cuando se consideró improbable que Petro obtuviera la mayoría de los votos en la segunda vuelta, la acción se negoció a $3.252 pesos, 19,6% mayor que al arranque del año y 50,3% superior al precio actual.

La eliminación de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, la prohibición del fracking y los mayores impuestos a todo el sector contemplados en el proyecto de reforma tributaria comprometen el futuro financiero de la empresa más importante del país, a pesar de los buenos resultados operativos y económicos.

Los dos primeros anuncios tienen que ver con la consigna de campaña de protección del medio ambiente. El problema de estas medidas es que no tienen ningún sustento científico. Petro, que se ha autoproclamado líder mundial de la salvación ambiental del planeta, ha decidido ignorar que Colombia solo es responsable del 0,4% de las emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera, y que el 60% de esas emisiones en el país se deben a la deforestación y a ineficientes prácticas agrícolas, que es donde debería centrar todos sus esfuerzos. También ignora que en Colombia más de 1,7 millones de hogares todavía continúan cocinando con leña, que debería ser sustituida urgentemente por gas; ese sí sería un plan de sustitución que beneficiaría al país y en el cual la rentabilidad social estaría garantizada, incluso con generosos subsidios en el precio del gas combustible a los consumidores. Pese a ello, la ministra de minas y, más recientemente su viceministra, insisten en no otorgar nuevos contratos y en que es preferible importar gas de Venezuela, como si la contaminación que tanto les preocupa no se diera en el sitio donde se quema el gas, independiente de donde se extrae.

Con el fracking sucede algo similar, en vez de hacer un proyecto modelo para ver si es posible hacer la extracción de petróleo con esta técnica sin causar daño ambiental, como afirma que es posible Felipe Bayón, el presidente de la compañía, —declaración que le valió un regaño insólito del ministro de hacienda—, el gobierno prefiere prohibir este sistema a priori. La mayoría de las decisiones y propuestas del gobierno se hacen de espaldas a la ciencia en la cual descree. Es posible que la negativa a adelantar el proyecto modelo obedezca al temor a que el fracking resulte viable ambientalmente y se le venga al piso al gobierno todo su discurso fundamentalista, que tantos votos le dio.

El daño por estos anuncios también ha llegado a los bonos emitidos por Ecopetrol. La agencia Bloomberg, informa el diario La República, advierte que los bonos de la empresa estatal por USD$ 11.000 millones de dólares han perdido un valor de casi el 8% desde que el nuevo presidente asumió el cargo, lo que representa más del doble de la caída promedio de las otras empresas del Índice de Energía de Alto Rendimiento, del Bank of America. Y JP Morgan, una de las mayores compañías financieras del mundo, dice que los trinos de Petro en las redes sociales han aumentado la volatilidad de los mercados colombianos afectando negativamente la economía nacional.

El valor actual en bolsa de Ecopetrol es de $88,9 billones de pesos, inferior incluso a su valor patrimonial en libros, $92 billones de pesos. E inferior en $22,9 billones al del inicio del año. Esta pérdida, curiosamente, es similar al recaudo que con tanto esfuerzo el gobierno aspira a obtener con su proyecto de reforma tributaria. Lo cual deja en evidencia que Petro es más efectivo destruyendo que construyendo.

De haberse valorizado, durante el año, su acción el 30%, como Petrobras, el valor hoy sería de $145,3 billones; lo que significa que las desatinadas declaraciones gubernamentales le han destruido valor por $56,4 billones a Ecopetrol. De estos, $49,9 billones son del Estado colombiano y $6,5 billones de particulares, parte de los cuales son de más de 14 millones de colombianos que tienen sus ahorros pensionales en los fondos privados, los que también quieren destruir. Es decir, este gobierno destruye tanto el capital público como el ahorro privado.

Ecopetrol se ha pronunciado sobre el texto actual de la reforma tributaria, advirtiendo que esta deteriorará los resultados de la compañía entre $5 y 6 billones anuales desde 2023 y en cerca de $12 billones cada año a partir de 2026. El impacto vendrá de la sobretasa a la renta, el monto del pago de anticipo de renta, la pérdida del régimen de zona franca para la refinería de Cartagena y la no deducibilidad de las regalías (que, como se sabe, es un recaudo a favor de terceros y no un ingreso propio).

De aprobarse la reforma con el texto actual, el impacto para el Estado será neutro, recibirá más impuestos y menos dividendos. Para la empresa será necesario aumentar el endeudamiento al tener menos caja disponible para sus inversiones operativas. Y los más perjudicados serán, claramente, los socios privados, pues se les reducirá la rentabilidad por menores dividendos y en el futuro contarán con una pensión inferior.