El show de la nueva independencia

Por Juan Nicolás Gaviria

Finales de 1700, principios de 1800; años convulsos para nuestra tierra. Momento histórico donde la ausencia de derechos era la norma, una época donde ser afro, mestizo o indígena suponía una lápida eterna.

En medio de ese contexto, bajo el yugo de una corona opresora y explotadora, pues sus fines con estas tierras no eran otros diferentes a esos, surge un estallido popular, un movimiento social que pide igualdad, menos impuestos, acceso, reconocimiento y derechos.

Así las cosas, para 1810 ya se había consumado el hecho, ese estallido se convirtió en revolución y esa revolución llevó a nuestra independencia de la corona española, dejando estas tierras a su libre albedrío y en proceso de construcción de su propio modelo político, el cual, con el paso del tiempo se convirtió en el que conocemos.

Ahora bien. Año 2021, índice de GINI vergonzoso, niveles de pobreza alarmantes, casos de desnutrición infantil, falta de acceso a saneamiento básico, crisis en la educación por cuenta de un Estado cómplice y un sindicato que la manipula, un sistema de salud al borde de colapso y un aparato estatal deslegitimado, por cuenta de la cultura corrupta que lo reina.

Sin embargo, también por estos días; instituciones públicas, sociales y estatales sólidas y solventes, una constitución garantista de derechos, una fuerza pública fuerte y entrenada, un aparato productivo que si bien maltrecho por cuenta de la pandemia, aún con ganas de sacar esta economía adelante.

En ese marco, surgen un grupo de “jóvenes estudiantes” que como en los 1700 y 1800 se hacen llamar revolucionarios. Venden un cuento de “lucha” similar al de 1800, pero olvidan que Duque no es el rey de España, y estas tierras hace rato dejaron de ser la Nueva Grana.

De esa forma y con esa bandera anacrónica, usan la violencia y la transgresión de los derechos consagrados en la constitución, aduciendo la búsqueda del restablecimiento de sus derechos. Derechos según ellos, vulnerados por el Estado en todas sus formas y uno que otro empresario.

Argumentan que todo está mal, que el modelo no sirve, que el sistema oprime y el Estado, los empresarios y cualquiera que no salga a protestar, es un actor que contribuye a la opresión de las masas. Una narrativa falaz y rimbombante, pero muy bien diseñada.

Esta puesta en escena, colorida, musical, organizada, financiada y con lógica en su accionar, resulta difícil pensar que surge en el seno de un colectivo, atomizado y supuestamente desarticulado.

En todo caso, un colectivo que a todas luces desconoció que vive en un estado social de derecho. Un grupo de “jóvenes” que a partir de la violencia, la intimidación y actos delincuenciales, sometió a los gobiernos locales, incluso al nacional y por supuesto a toda una sociedad. Nos bloquearon.

Cuando vemos con atención eso que hicieron, resulta imposible no advertir su similitud con el accionar de otros grupos al margen de la ley, grupos que por décadas y ondeando banderas revolucionarias, comunistas y socialistas han logrado, a partir de someter al estado, ser legitimados y participar en la gobernanza de nuestro país.

Estos jóvenes, a partir de bloqueos, intimidación, vandalismo, atentados contra la fuerza pública y a los civiles, lograron sentar a un gobierno municipal a firmar “un acuerdo de paz”. Excúsenme, pero un acuerdo de paz se firma entre grupos o actores legitimados en un conflicto reconocido. De otra forma, lo único que se está haciendo es legitimar la violencia como herramienta para el restablecimiento de derechos.

Absurdo todo eso. Pero resulta más hilarante lo concertado el acuerdo firmado por el municipio de Pereira con los representantes de la primera línea. El municipio pacta con ellos que, no desarrollan más actos vandálicos y violentos cuando decidan hacer uso de su legítimo derecho a la protesta, ese derecho legítimo que entrega la constitución vigente.

Es decir que, el municipio de Pereira acuerda con estos “jóvenes” que no seguirán vulnerando los derechos del resto de la ciudad y en contraprestación, el municipio acepta profundizar sus programas sociales, de acceso a la educación y otros más. Acuerdos que no solo, no estaban contemplados en el plan de desarrollo municipal 2020-2023, sino que, derivado del COVID-19 los recursos para ello resultan de muy difícil consecución.

En plata blanca el tema quedó así. Los jóvenes de la primera línea, en el marco de su legítimo derecho a la protesta y extralimitándose en el, a partir de la violencia, el vandalismo y la intimidación, lograron ser legitimados por un municipio, que acepta hacer unas inversiones sociales, pero sin recursos para hacerlo. Genial acuerdo el que se logró.

Estos chicos y esta es mi opinión. O cayeron en un error estratégico al no cerciorarse de la disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de sus demandas, o, poco o nada les interesa, pues su meta estratégica era ser legitimados y reconocidos, como en efecto lo lograron.

En todo caso, el diálogo siempre será la herramienta que se deberá usar para solventar problemas. Los derechos que consagra nuestra constitución deberán prevalecer, pero para el show mediático, la falta de lógica y coherencia con el presupuesto para cumplir, deja mucho que pensar al respecto de este hecho histórico para nuestro país.