¿Cuál reforma agraria?

Por My (RA) Álvaro Martínez Gómez

El acuerdo de Fedegán en cabeza de su presidente José Félix Lafourie de venderle al gobierno tres millones de hectáreas deja muchos interrogantes.

Primero: ¿qué acogida tiene esta iniciativa en el gremio agropecuario: ganaderos, arroceros, cañicultores, palmicultores, avicultores etc.? Ellos mueven la economía del campo, sobre todo porque el 75 % de las tierras son minifundios y sólo un 25 % son latifundios cuyos propietarios han invertido inmensos recursos y créditos bancarios para hacerlas optimas y productivas.

Segundo: el mensaje del gobierno es muy claro «vende o vende» y la estrategia es triplicar los avalúos y gravar con exorbitantes impuestos, haciéndolas inviables. Las mejores tierras están dedicadas a la ganadería, caña de azúcar y palma africana. Las demás son parcelas dedicadas al café, plátano, banano, hortalizas etc.

Es importante aclarar que de la caña de azúcar se extrae el etanol y de la palma africana el biodiesel cuyo principal comprador es Ecopetrol para mezclar con gasolina y con el diésel que son combustibles que dinamizan la economía y reduce los costos de operación en el transporte.

A partir de 1936, con la Ley 200, durante el gobierno de López Pumarejo se empezó a hablar de una ley de tierras para dirimir el conflicto de tenencia, respetando el principio universal de la propiedad privada como un derecho intocable y así definir la posesión de arrendatarios y aparceros como una forma de afrontar la desigualdad y pobreza rural.

Ya en 1961, durante el periodo del presidente Alberto Lleras Camargo, por iniciativa del senador Carlos Lleras Restrepo se debatió en el Congreso el asunto, con una férrea y virulenta oposición y con asesoría de los EE. UU. y, a través de la Alianza para el Progreso se consolidó una propuesta de redistribuir la tierra con la Ley 135.

Ya posesionado como presidente, Carlos Lleras Restrepo dio paso a la creación del Incora y de dos organizaciones para la regulación de precios entre el productor y el consumidor final, incluido el Idema, cuyo primer gerente fue Enrique Peñalosa (padre) y el INA. que abastecía los mercados en la mayoría de los municipios a lo largo y ancho del país.

¿Qué clase de reforma agraria pretende este gobierno, cuando se habla de democratizar o expropiar? Primero se debe hacer un estudio para adecuar las tierras y capacitar al campesinado y crear una cultura del agro, actividad que ha venido funcionando con la Federación Nacional de Cafeteros y las Umata en los municipios. La otra iniciativa es rematar los predios que se encuentran en proceso de extinción de dominio, como dinero, joyas y bienes incautados a la mafia.

La antigua Dirección Nacional de Estupefacientes se había convertido en un nido de corrupción, cuyo director fue destituido y procesado por malos manejos de activos, favorecimiento a personas cercanas y favores políticos, pasando a la Sociedad de Activos Especiales. Es decir, todo está hecho: solo falta ejercer un estricto control y evitar se vayan esfumando. «La reforma agraria requiere una reingeniería».  El proyecto que se está debatiendo en el Congreso es una ilusión revolucionaria para desviar la atención y crear falsas expectativas que legitiman la invasión de tierras.