A los criminales se les combate… ¡no se les premia!

Por Jaime Restrepo Vásquez

El Salvador era, hace menos de siete años, una tierra de nadie, en la que la gente tenía que andar armada y prevenida en todo momento, pues las maras tenían el control territorial del «pulgarcito centroamericano», como cariñosamente se le conoce a ese pequeño país.

Ni el partido de derecha, Arena, ni los terroristas jubilados del FMLN fueron capaces de enfrentar la amenaza de las maras. De hecho, los gobiernos del Farabundo Martí les otorgaron concesiones, negociaron con ellos, les entregaron territorios y relajaron las medidas en las cárceles, al punto de que el control de la delincuencia callejera se ejercía desde los centros penitenciarios de El Salvador.

Sin embargo, llegó Nayib Bukele y dejó al descubierto, que era la tradicional falta de voluntad política para enfrentar la amenaza de las pandillas, lo que había sumergido a El Salvador en semejante espiral de violencia. El presidente salvadoreño decidió desarticular a las maras y emprendió una serie de medidas que hoy están dando resultados.

Al principio, constató que los miembros de cada mara estaban juntos en las cárceles, lo que les permitía tener un enorme control y hacer de las suyas, mediante emisarios y órdenes en las calles. Entonces, Bukele los separó, mezcló a los prisioneros de las diferentes pandillas y luego, decidió taponar las ventanas de las celdas. El resultado de esas medidas fue que las maras quedaron, poco a poco, sin control desde las cárceles.

Pero no era suficiente. En las calles, el homicidio, el robo y el secuestro eran pan de todos los días, al punto que, en una sola semana, asesinaron a 80 personas en todo el territorio, lo que despertó la ira del mandatario salvadoreño. En ese momento, Bukele declaró la guerra contra las maras y decretó el estado de excepción. Aunque algunos pensaron que los anuncios eran solo promesas de un político desesperado, la realidad en las calles comenzó a cambiar. Comenzaron a detener a todos los líderes y miembros de las maras, ordenó la ampliación de las cárceles y la construcción de nuevos centros de reclusión y los derechos humanos, como la cacareada dignidad del pandillero asesino, quedaron en el pasado. Fue tal el miedo de los pandilleros, que muchos de ellos intentaron borrarse, con pulidora, los tatuajes que los identificaban con las pandillas.

Poco a poco, los salvadoreños comenzaron a ver el desfile de 50 mil pandilleros presos y en calzoncillos, con las manos sobre la cabeza, descalzos y llevados a la fuerza para que se sentaran en el piso de alguna prisión, todos juntos, sin espacio entre ellos ni comida durante varias horas. La advertencia de Bukele fue clara: por cada muerto en la calle, todos los prisioneros perderían una comida al día y, de ser necesario, ordenaría contar los granos de arroz, para castigarlos por lo que estaban haciendo sus seguidores en las calles.

Paralelamente, Bukele decidió modernizar las Fuerzas Armadas y equipar a la Policía salvadoreña, en un esfuerzo sin precedentes en ese país centroamericano.

Estas medidas drásticas tienen a El Salvador con cero homicidios de civiles en más de 80 días, lo que demuestra que la voluntad política, más una actitud decidida y alejada de la contemplación y aplauso a los criminales, logra ponerle freno a la violencia delictiva.

Al otro lado del espectro, Colombia ha ingresado con fuerza, a la complacencia con los criminales, con ideas estúpidas como el pago de la factura de celular y la entrega, por parte del ladrón, de un equipo nuevo a la víctima. En estos cuatro años, veremos el surgimiento de un narcoestado que no persigue el narcotráfico, ni bombardea los campamentos terroristas por «los niños que se encuentren en esos lugares», lo que incrementará el reclutamiento forzado y el uso de menores como escudos humanos; todo por el beneplácito ideológico del inepto Gustavo Petro.

Además, veremos premiar a los terroristas del ELN y del Clan del Golfo, por los crímenes, el terror y la destrucción que han esparcido por todo el territorio nacional. También tendremos que presenciar la defensa a ultranza de criminales y terroristas como Jesús Santrich, o el Mono Jojoy o Raúl Reyes, quienes serán expuestos como adalides de la «justicia social» en Colombia, cuyos «pulcros» nombres fueron mancillados por las trampas del establecimiento… ¡Y habrá quien les crea semejantes disparates!

Es evidente, y la historia lo confirma, que la claudicación del Estado frente a los criminales, como quiere hacerlo el gobierno Petro, terminará golpeando la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, convirtiéndose en la génesis de nuevas y más complicadas formas de violencia que llegarán a poner en duda la existencia misma de una nación. La renuncia a aplicar la ley, tarde o temprano, puede precipitar una guerra civil en Colombia.

Al terrorismo, a los criminales y delincuentes no hay que mimarlos ni darles gabelas: la función del Estado es combatirlos, perseguirlos y mandarlos a una cárcel o a un cementerio. Ellos escogieron ese camino y la sociedad no merece que un gobierno pusilánime y cómplice, renuncie a su función esencial de la seguridad de sus nacionales.

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