Vandalizaron sede de campaña de Katherine Miranda

En las últimas horas Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde y candidata al Senado, denunció por medio de su cuenta de X que la sede de su campaña en Bogotá, fue atacada con bombas de pintura en el barrio Chapinero. 

A través de una grabación se observó como después de las 10:30 de la noche, el equipo de Miranda fue blanco del ataque, “vandalizaron mi sede de campaña. Así es como algunos creen que se hace política en este país: con intimidación y amenazas”, escribió la representante a la Cámara. Para luego agregar que la democracia se defendía con argumentos, no con violencia, este suceso de violencia política se da justo cuatro días antes de que inicie la jornada electoral. 

Horas después, Miranda solicitó medidas de protección ante las autoridades y vinculó el ataque con la presión política que, según dijo, ha recibido durante años  por parte del Gobierno Nacional. 

De acuerdo a testigos y registros de seguridad, cuatro personas encapuchadas se acercaron a la sede ubicada en la calle 53 con carrera Séptima pasadas las 9:30 p.m., lanzaron pintura negra contra los afiches y la fachada, y huyeron hacia la Avenida Caracas. 

Miranda recordó que desde hace tres años y medio ha sido señalada públicamente, lo que, expuso, ha afectado su entorno de seguridad y generó denuncias previas ante organismos internacionales. 

En marzo de 2025, junto con otros congresistas, la funcionaria también había presentado alertas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando medidas cautelares por amenazas hacia legisladores que no apoyaban ciertas iniciativas del Ejecutivo.

El ataque se produjo poco después de que la Congresista hiciera pública su denuncia sobre lo que denominó el “cartel de la oncología”, una supuesta concentración irregular de exámenes de alto costo en la Clínica Clinaltec, en Ibagué. 

Acerca del tema, la candidata del Partido Verde, expresó que la clínica había recibido un aumento exponencial de pacientes remitidos desde otros departamentos: de 176 personas en 2023 a 1.846 en 2025, afectando a quienes debían costear traslados, alojamiento y alimentación, mientras la Nueva EPS solo cubrió viáticos para una fracción de los pacientes.

Dada la gravedad de la denuncia de violencia política, la Policía de Bogotá desplegó efectivos en la zona para intentar identificar a los responsables, revisando las grabaciones de seguridad y recabando testimonios de vecinos, hasta el momento, no se reportaron capturas ni daños graves a la infraestructura más allá de los afiches y la fachada de la sede.

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