UNP declaró urgencia manifiesta por bloqueos y advirtió riesgo en continuidad del servicio de protección

La Unidad Nacional de Protección (UNP) confirmó que se vio obligada a adoptar medidas excepcionales para evitar la interrupción del servicio de protección a personas en riesgo, en medio de una serie de bloqueos y acciones legales que, según explicó, comprometieron el funcionamiento normal de la entidad.

De acuerdo con el comunicado emitido el 30 de julio de 2026, las dificultades se originaron por acciones impulsadas por algunos líderes sindicales. “Las acciones promovidas por algunos líderes sindicales —entre ellas bloqueos y encadenamientos físicos a las puertas de la sede principal de la Unidad Nacional de Protección en Bogotá— afectaron el desarrollo normal del proceso contractual”, indicó la entidad.

La situación, según la UNP, se agravó con la presentación masiva de acciones de tutela, lo que terminó generando “un riesgo real de interrupción de las medidas de protección” en zonas clave del país. Estas circunstancias impactaron especialmente la contratación del servicio de escoltas en la denominada Zona 2.

Ante este panorama, la entidad tomó la decisión de acudir a la figura de urgencia manifiesta, contemplada en la legislación colombiana, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio. “Ante la imposibilidad de culminar oportunamente los mecanismos de selección, la UNP debió acudir a la declaratoria de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad de la operación de escoltas en Bogotá, Cauca y Amazonas”, explicó.

La UNP aclaró que esta medida no sustituye los procesos ordinarios de contratación ni responde a decisiones discrecionales. Por el contrario, enfatizó que se trata de un mecanismo excepcional previsto en la ley. “Se trata del mecanismo excepcional previsto en la Ley 80 de 1993 para atender situaciones urgentes en las que no es posible acudir oportunamente a los procedimientos ordinarios de contratación”, precisó el comunicado.

Asimismo, la entidad subrayó que la prioridad es evitar cualquier suspensión en la prestación de un servicio considerado esencial para la protección de la vida. En ese sentido, advirtió que la continuidad del esquema de seguridad no puede ponerse en riesgo bajo ninguna circunstancia.

“La protección de la vida no admite interrupciones. Cuando la continuidad del servicio está en riesgo, la inacción no es una opción”, sostuvo la UNP, al tiempo que reiteró su obligación legal de actuar frente a situaciones que comprometan la seguridad de los beneficiarios del programa.

El pronunciamiento se da en un contexto de tensión entre algunos sectores sindicales y la entidad, en medio de procesos contractuales que han sido objeto de cuestionamientos. Sin embargo, la UNP insistió en que su actuación responde exclusivamente a la necesidad de garantizar la prestación del servicio de protección en condiciones de continuidad y eficiencia.

Finalmente, la entidad reiteró que seguirá cumpliendo con su deber institucional y que las decisiones adoptadas buscan preservar la integridad de quienes dependen de los esquemas de seguridad. El caso abre nuevamente el debate sobre el equilibrio entre las garantías laborales, las acciones judiciales y la prestación ininterrumpida de servicios esenciales en Colombia.