Tras visitas a establecimientos de reclusión, Defensoría alertó sobre crisis humanitaria en el sistema penitenciario

Luego de haber realizado una serie de visitas de inspección realizadas a Centros de Detención Transitoria conocidos como CDT, y Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional ERON la Defensoría del Pueblo advirtió que se han mantenido graves vulneraciones de derechos humanos en el Sistema Penitenciario y Carcelario del país.

El organismo concluyó en un pronunciamiento que persistieron fallas estructurales que afectaron directamente la dignidad de las personas privadas de la libertad. En un documento construido a partir de verificaciones efectuadas durante el segundo semestre del año pasado, se hizo parte del seguimiento al estado de cosas inconstitucional declarado en el sistema penitenciario.

Allí se evidenció que las problemáticas relacionadas con infraestructura obsoleta, hacinamiento, deficiencias en la alimentación y dificultades en la atención en salud continuaron sin una solución de fondo.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo identificó que los establecimientos presentaron insuficiencia de camastros y problemas en la disponibilidad de unidades sanitarias, así como limitaciones para garantizar condiciones adecuadas en espacios destinados a la visita íntima, lo que afectó la privacidad y la salubridad de las y los presos.

Por otra parte, y en cuanto a la alimentación, el organismo señaló que solo una minoría de los municipios subsidiados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) presentó planes para asumir directamente este servicio, se evidenciaron también quejas reiteradas sobre la calidad de los alimentos suministrados a la población privada de la libertad.

En cuanto a las barreras en la prestación del servicio de salud, se destacaron las demoras en autorizaciones médicas, las dificultades para la asignación de citas especializadas y problemas en el suministro de medicamentos en centros como La Modelo y El Buen Pastor, en Bogotá.

En cuanto a los procesos de resocialización, la Defensoría indicó que la participación en actividades laborales, educativas, culturales y recreativas continuó siendo limitada. Solo una parte de la población accedió a programas de trabajo o estudio, y una alta proporción del trabajo reportado no fue remunerada.

En lo que refiere a los Centros de Detención Transitoria, el organismo encontró condiciones especialmente críticas, en 55 instalaciones visitadas, se evidenció que estos espacios, diseñados para estancias cortas, fueron utilizados para permanencias prolongadas, incluso se llamó la atención porque en algunos casos, las personas detenidas permanecieron más de 36 horas e incluso superaron el año de detención.

También se identificaron deficiencias en ventilación, iluminación, acceso a servicios sanitarios y separación entre personas condenadas y sindicadas, así como entre hombres y mujeres. En varios centros, la provisión de elementos de aseo dependió de las familias de las personas detenidas.

Frente al panorama de vulneración, la Defensoría del Pueblo formuló recomendaciones al Gobierno, orientadas a superar el estado de cosas inconstitucional. Entre ellas, se planteó la necesidad de avanzar en la humanización de la pena, fortalecer la corresponsabilidad territorial y garantizar recursos suficientes para infraestructura y servicios básicos.

Asimismo, se recomendó la modernización de los sistemas de información penitenciarios, la revisión del modelo de financiación del sistema carcelario, la implementación de una transición ordenada en la prestación del servicio de alimentación y el fortalecimiento de la atención en salud dentro de los establecimientos.

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