Reversión de concesiones al estado reabre el debate sobre el futuro de los peajes en Colombia ¿Deben bajar?

Las primeras concesiones regresan a manos del Estado

Colombia comienza una nueva etapa en la administración de su infraestructura vial con la reversión de las primeras concesiones otorgadas bajo los modelos de primera y segunda generación. Uno de los primeros casos corresponde a los corredores estratégicos del Oriente antioqueño que durante más de dos décadas estuvieron bajo la operación de Devimed y que ahora pasan nuevamente a la administración estatal.

Este proceso marca el inicio de una transición que, en los próximos años, se repetirá con otras carreteras nacionales cuyos contratos de concesión están próximos a finalizar. A partir de ese momento, el Instituto Nacional de Vías (Invías) asumirá la responsabilidad de operar, conservar y mantener estos corredores.

La nueva realidad ha abierto un debate sobre el futuro de los peajes y la conveniencia de mantener las tarifas actuales una vez desaparezca la participación de los concesionarios privados.

Expertos plantean revisar las tarifas de los peajes

Para Mario Santiago Hernández, docente del programa de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Medellín, el cambio en el esquema de administración modifica también la lógica económica que sustentó durante años el cobro de los peajes.

El académico explica que, durante la vigencia de una concesión, las tarifas no solo cubren los costos de construcción, operación y mantenimiento de las vías, sino también la rentabilidad de la empresa privada encargada de ejecutar el proyecto.

Con la reversión de la infraestructura al Estado, ese componente de utilidad desaparece. En consecuencia, considera que mantener los mismos valores de los peajes pierde parte de su justificación financiera.

Según Hernández, el país debería abrir una discusión sobre un nuevo esquema tarifario que refleje esta transformación y responda a la nueva realidad administrativa de las carreteras.

Los peajes seguirían existiendo, pero con otro propósito

Aunque el experto no propone eliminar completamente los peajes, sí considera necesario redefinir su finalidad.

A su juicio, las vías requieren recursos permanentes para garantizar su conservación, realizar mantenimiento preventivo y atender eventuales reparaciones. Por ello, eliminar totalmente el cobro podría afectar la sostenibilidad de la infraestructura.

La alternativa, sostiene, sería establecer tarifas diferenciales considerablemente más bajas, destinadas exclusivamente a financiar la operación y el mantenimiento de las carreteras, sin incorporar márgenes de rentabilidad propios de un contrato de concesión privada.

De esta manera, los usuarios percibirían una relación más directa entre el dinero recaudado y las inversiones realizadas en las vías.

El reto operativo para el Invías

La reversión de las concesiones también representa un desafío institucional para el Estado.

El Invías deberá asumir progresivamente la administración de numerosos corredores nacionales que anteriormente estaban en manos de operadores privados especializados.

De acuerdo con Hernández, este cambio plantea interrogantes sobre la capacidad técnica, financiera y operativa de la entidad para mantener los mismos estándares de servicio que ofrecían las concesiones.

Como referencia, menciona corredores administrados actualmente por el Invías, como el tramo entre Santuario y Puerto Triunfo, en la autopista Medellín-Bogotá, y la vía entre Yarumal y Caucasia.

Según señala, aunque en estas carreteras continúa el cobro de peajes, algunos usuarios consideran que las intervenciones y el estado de la infraestructura no siempre corresponden a las expectativas generadas por esos recaudos.

Las comunidades reclaman tarifas diferenciales

El debate ha cobrado especial fuerza en el Oriente antioqueño, donde distintos sectores ciudadanos han solicitado revisar la continuidad y el valor de peajes como Las Palmas y El Escobero.

Para las comunidades, el cambio de administración debería reflejarse en un alivio para los usuarios frecuentes, especialmente si ya no existe un concesionario privado obteniendo beneficios económicos.

El docente considera comprensible esa posición y afirma que será difícil justificar el mantenimiento de las mismas tarifas si los ciudadanos no perciben cambios en el destino de los recursos ni mejoras visibles en la infraestructura.

Esta discusión podría extenderse a otras regiones del país conforme más concesiones finalicen y los corredores regresen a la administración estatal.

La propuesta de la Gobernación de Antioquia

Otro de los temas que ha surgido durante este proceso es la propuesta de la Gobernación de Antioquia para asumir la administración de algunos corredores que reviertan al Estado.

La iniciativa plantea que los recursos provenientes de los peajes puedan reinvertirse directamente en nuevos proyectos de infraestructura para el departamento.

Sin embargo, Hernández advierte que asumir esa responsabilidad también implicaría importantes desafíos para la administración departamental.

Actualmente, Antioquia administra cerca de 5.000 kilómetros de vías y desarrolla intervenciones en aproximadamente 600 kilómetros, con inversiones cercanas a un billón de pesos.

Incorporar la gestión de corredores nacionales supondría ampliar considerablemente las responsabilidades técnicas, operativas y financieras del departamento.

Un debate sobre el futuro de la infraestructura vial

La reversión de las concesiones representa, según el análisis del experto, una oportunidad para replantear el modelo de financiación de la infraestructura vial colombiana.

Más allá de la continuidad de los peajes, el debate se centra en definir cuál debe ser su propósito una vez desaparece la rentabilidad privada que justificó buena parte de las tarifas actuales.

Para Hernández, un sistema basado en cobros ajustados exclusivamente al mantenimiento de las vías podría fortalecer la confianza de los ciudadanos, siempre que exista transparencia en la destinación de los recursos y que las inversiones se reflejen en mejores condiciones de movilidad.

El proceso que comienza con la reversión de las primeras concesiones será determinante para establecer cómo administrará el país su infraestructura vial durante las próximas décadas y cuál será el papel de los peajes dentro de ese nuevo modelo de gestión pública.