¿Recaudo o expropiación tributaria? Viene el gigantismo de la Colombia alcabalera

Desde el 19 de junio, cada nombramiento de un ministro va acompañado del anuncio de un nuevo impuesto. No importa si es a los planes de telefonía móvil, a las tierras, al «dulce mecato», a las vacas o a lo que se le ocurra al «brillante» funcionario de marras: lo que interesa es que están avisando, sin pudor, que van a hacer crecer, hasta la deformidad, al Estado alcabalero.

Esa tradición alcabalera viene de antaño. Cervantes, en El Quijote, ya la mencionaba: «porque no pienso parar hasta verte arrendador o alcabalero, que son oficios que, aunque lleva el diablo a quien mal los usa, siempre tienen y manejan dineros». El tema alcabalero se refiere, entonces, a una entidad o un Estado dedicado a pensar y crear nuevos tributos para atender la glotonería insaciable de sus funcionarios.

Ciertamente la presión tributaria ha venido creciendo en Colombia, en especial desde el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando decidió meter la mano en el bolsillo de todos los colombianos, no solo con varias reformas tributarias sino con el incremento obsceno del IVA. Es que financiar «la paz» nos ha costado y nos costará esta vida y la otra.

Sin embargo, hay realidades que no se pueden eludir: los impuestos son dineros que utiliza el Estado para gastar y aunque hablen, de forma eufemística, de inversión, la realidad es que una inversión produce un bien o un servicio que genera valor en el mercado y a lo que llama «inversión» el Estado, es a mantener medio llena la barriga de subsidiados que se han acostumbrado a padecer de cuadriplejia social.

Así las cosas, resulta incontestable el hecho de que los impuestos no incentivan la inversión, pues son arrancados de las manos y de los bolsillos de quienes sí producen, para gastar a manos llenas en burocracia, ideas oligofrénicas de funcionarios estatistas y otras cuantas «maravillas» que se les ocurren a los que medran del Estado con la plata de otros.

Es que, como su nombre lo indica, un impuesto es una imposición del Estado, una obligación que tiene que asumir el ciudadano, gústele o no. No importa si para asumir la carga tributaria tiene que incrementar los costos de lo que produce, recortar la nómina, disminuir el consumo de carne, pollo o verduras en su casa; ir al trabajo caminando o renunciar a unas vacaciones por las que trabajó a brazo partido… Lo que importa es que los burócratas tengan con qué satisfacer sus caprichos y gastar el dinero que otros han conseguido.

Por tal razón, los impuestos se convierten en un castigo para la gente que quiere generar empleo y riqueza, pues o le cumplen al Estado –pagan la alcabala– o soportan la gravosa morosidad tributaria y hacen prosperar sus emprendimientos.  Además, ya se ha visto en los países que padecen la desgracia del control central del Estado, que, al asfixiar a los ciudadanos con impuestos, estos, desesperados, buscan salidas ilegales a las presiones estatales.

Así, ante las amenazas y decisiones de aumentar las cargas tributarias, muchos deciden esconder sus patrimonios o «exportar» sus capitales a tierras más amables en lo tributario, o emprenden el riesgoso camino de las contabilidades paralelas. Asimismo, otros toman¿ el camino de reducir los sueldos de sus colaboradores e, incluso, muchos retroceden en el tiempo y eligen al colchón como su banco amigo, renunciando a la bancarización y manejando sus recursos en efectivo.

Además de lo anterior, la pretensión del gobierno electo de subir impuestos a diestra y siniestra terminará incentivando el contrabando, pues esas mercancías están «exentas» y las ganancias van todas al bolsillo de quien invirtió y arriesgó su patrimonio en esa maniobra ilegal.

Finalmente, que el próximo gobierno anuncie que utilizará las tarifas tributarias como castigo a los poseedores de tierras –más adelante podría ser de bienes en general o de aquello de lo que el gobierno crea que puede sacar una tajada–, refleja una realidad y es que tienen el propósito de operar la ingrata estrategia de la expropiación tributaria. Un país como Colombia, en vías de desarrollo, después de una pandemia y con una crisis económica mundial en ciernes; terminará reventado por cuenta de las ocurrencias «fiscales» del gobierno del Pacto Histórico.