Paola Holguín demanda decreto de Petro que crea comité para esclarecer hechos del estallido social

La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial Paola Holguín presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra el Decreto 1190 del 12 de noviembre de 2025, mediante el cual el Gobierno creó un “Comité de Expertos Ad hoc” para investigar los hechos ocurridos durante las protestas de 2019–2021, conocidas como estallido social.

Holguín sostiene que el decreto fue expedido sin competencia legal, al considerar que la creación de estructuras administrativas del orden nacional corresponde exclusivamente al Congreso. Según la legisladora, el acto demandado constituye en la práctica la conformación de una entidad pública con funciones, personal, financiación, facultades de acceso a información y capacidad de incidencia en política pública, elementos que, a su juicio, superan por completo lo que podría considerarse un comité asesor del Ejecutivo.

La senadora también argumenta que el Gobierno fundamentó el decreto en una “falsa motivación”, al afirmar que se daba cumplimiento a la Sentencia STC 7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia. Holguín señala que ese fallo nunca ordenó crear comités o mecanismos extrajudiciales para esclarecer lo ocurrido en las protestas, y recuerda que las obligaciones derivadas de la sentencia ya se habían materializado mediante el Decreto 003 de 2021, expedido durante el gobierno anterior.

Uno de los puntos más sensibles planteados en la demanda es la autorización para que el nuevo Comité conforme equipos de trabajo financiados con recursos externos. Según Holguín, esa prerrogativa carece de controles suficientes y deja abierta la puerta a injerencias ajenas al marco institucional colombiano, además de generar riesgos en materia de transparencia, supervisión fiscal y responsabilidad disciplinaria.

En su solicitud, la senadora pidió al Consejo de Estado decretar la suspensión provisional del acto administrativo, argumentando que su aplicación inmediata podría producir efectos irreversibles, como la contratación de personal, la inversión de recursos públicos y el acceso irrestricto a información estatal, incluido material de seguridad nacional.

Holguín calificó el decreto como “un grave precedente de creación de órganos paralelos sin control democrático”, y advirtió que, en su criterio, el propósito final sería “abrir paso a la impunidad” frente a los actos de violencia y vandalismo ocurridos durante las jornadas de protesta. Reiteró, además, que su demanda busca defender la separación de poderes y la supremacía constitucional en materia de diseño institucional.

El Consejo de Estado deberá decidir en las próximas semanas si admite la demanda y si procede o no la suspensión provisional del decreto mientras avanza el proceso.