Paloma Valencia pidió a la Corte Constitucional suspender apartes de decretos legislativos por posibles efectos en garantías electorales

La candidata y senadora Paloma Valencia solicitó a la Corte Constitucional de Colombia la suspensión provisional de los artículos 8 y 19 del Decreto Legislativo 174 de 2026 y del artículo 12 del Decreto Legislativo 175 de 2026, al considerar que estas disposiciones introducen cambios que afectan las garantías electorales, el debido proceso y la protección de la propiedad privada.

Según explicó, uno de los puntos más graves es la suspensión de la Ley de Garantías Electorales de Colombia, norma que prohíbe la contratación directa durante los periodos electorales para evitar que los recursos públicos influyan en las campañas políticas.

“La Ley de Garantías prohíbe la contratación directa durante elecciones. La razón es muy sencilla: estos contratos no requieren licitación, se pueden hacer de un día para otro y pueden influir fuertemente en las campañas”, advirtió.

Valencia señaló que, a pesar de que la misma ley establece excepciones para atender desastres naturales, el Gobierno decidió levantar la restricción general bajo el argumento de responder a la emergencia por inundaciones. En su concepto, esta decisión no era necesaria, pues la legislación vigente ya contempla herramientas para actuar con rapidez.

“Las leyes ordinarias contemplan mecanismos eficaces para atender emergencias. No era necesario anular la Ley de Garantías para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones”, afirmó.

La candidata también cuestionó que el decreto habilite la contratación directa para todas las entidades públicas, sin límite en las adiciones contractuales y sin establecer un plazo específico para la aplicación de la medida.

“No fijó el límite de tiempo en que se pueden celebrar estos contratos. Dejó un cheque en blanco para gastar en cualquier momento”, señaló.

Además, explicó que el Gobierno no delimitó el tipo de contratos que se pueden firmar y permitió que estos puedan tener todas las adiciones que quieran. Actualmente, los contratos estatales solo pueden adicionarse hasta el 50 % del valor inicial, una regla que busca prevenir corrupción y derroche de recursos públicos.

En la solicitud presentada ante la Corte también se advierte sobre cambios en los procesos agrarios que, según la senadora, eliminan la fase judicial y reviven la denominada expropiación exprés.

De acuerdo con Valencia, la reforma permitiría que la Agencia Nacional de Tierras concentre todas las etapas del proceso: iniciarlo, decidir qué pruebas se aceptan, practicarlas y tomar la decisión final.

“Quieren convertir a la Agencia Nacional de Tierras en una entidad todopoderosa: inicia el proceso, decide qué pruebas se aceptan, las practica y toma la decisión”, afirmó.

Además advirtió que el procedimiento establecido permitiría decidir sobre predios rurales en un plazo aproximado de 15 días, lo que, según explicó, hace prácticamente imposible que un propietario pueda defenderse adecuadamente.

“En 15 días la ANT decidirá qué predios le quita a los colombianos bajo el argumento de que son baldíos o no han sido explotados”, sostuvo.

Valencia también alertó que los términos previstos en el procedimiento son tan cortos que no existiría un espacio real para analizar las pruebas o ejercer una defensa efectiva.

“Los términos son tan cortos que no hay espacio real para analizar las pruebas”, señaló.

Para la candidata, estas medidas representan un riesgo para el sistema democrático y para la seguridad jurídica en el campo colombiano.

“Estamos ante una verdadera urgencia para proteger las elecciones”, afirmó.

Por esta razón, pidió a la Corte Constitucional adoptar una decisión urgente que suspenda estas disposiciones mientras se estudia su constitucionalidad.

“La Corte es la única que puede actuar para detener estas manifiestas arbitrariedades”, concluyó.