Paloma Valencia demandará decreto del Gobierno que permite acceso de sindicatos a información financiera de empresas y establece cuotas obligatorias para trabajadores

La candidata Paloma Valencia anunció que interpondrá una demanda contra el reciente decreto expedido por el Gobierno Nacional, al considerar que la normativa vulnera la libertad de los trabajadores, la autonomía empresarial y pone en riesgo la estabilidad del sector productivo en Colombia.

Según explicó, uno de los puntos centrales de su cuestionamiento está relacionado con las facultades que el decreto otorga a los sindicatos para acceder a información financiera de las empresas. De acuerdo con Valencia, esta disposición permitiría conocer datos sensibles, incluidos aspectos estratégicos y secretos empresariales. Aunque la normativa contempla acuerdos de confidencialidad, la candidata advirtió que estos mecanismos no serían suficientes para evitar filtraciones o usos indebidos de la información.

En ese mismo sentido, Valencia cuestionó la implementación de negociaciones sindicales por sectores o grupos de empresas, cuyos acuerdos serían obligatorios para todas las compañías involucradas, sin considerar sus condiciones particulares. “Esto ignora realidades como crisis financieras, procesos de insolvencia o esfuerzos por evitar la quiebra, imponiendo cargas que muchas empresas no podrán asumir”, señaló.

Otro de los aspectos que destacó es la obligatoriedad del pago de cuotas sindicales por parte de todos los trabajadores, estén o no afiliados. Frente a esta medida, afirmó que se trataría de una vulneración a la libertad individual y la comparó con un “nuevo impuesto” que beneficiaría a las organizaciones sindicales.

La candidata también indicó que el decreto limitaría la capacidad de negociación directa entre empresarios y trabajadores, al quedar subordinada a acuerdos sectoriales. Sobre este punto, manifestó que la medida “ata de manos al empresariado y otorga un poder excesivo a las organizaciones sindicales”.

Finalmente, Valencia sostuvo que la decisión del Gobierno representa “un ataque directo al aparato productivo” y confirmó que emprenderá acciones legales inmediatas para frenar su implementación. En su pronunciamiento, reiteró su llamado a proteger el empleo, la inversión y la libertad económica en el país.