Nueva amenaza contra la democracia: ¿comenzó la persecución judicial contra la oposición en Colombia?

El presidente del Congreso de la República, el médico de la Universidad Nacional Roy Barreras, difundió en las últimas horas una presunta denuncia contra el congresista Miguel Polo Polo por llamar «guerrillero» a Gustavo Petro.

Además, Barreras también pidió que se investigara a Polo Polo por afirmar que el gabinete que rodea a Petro está integrado por corruptos y delincuentes.

Según Barreras, Polo Polo «ha creído que puede impunemente llamar guerrillero a nuestro presidente y delincuentes a todos sus ministros e invitar a asonadas a quienes dispararon contra los jóvenes».

La publicación, con una alta dosis de populismo encierra, no obstante, una preocupante amenaza contra los líderes de la oposición en el Congreso de la República y en las calles de Colombia, pues buscar la judicialización de alguien que se atreve a recordar el pasado siniestro de Gustavo Petro como miembro del grupo terrorista M-19, no puede considerarse como una violación al Código Penal colombiano ya que es una realidad histórica imposible de ocultar.

De hecho, buena parte de la vigencia de Petro entre las juventudes rebeldes y sin propósito se debe a su participación en ese movimiento «subversivo», al punto de que el Gobierno, en su momento, negoció un acuerdo de paz con la agrupación criminal a cuyos integrantes indultó y amnistió.

Adicionalmente, las víctimas de esa agrupación terrorista jamás podrán ser consideradas como «exvíctimas» y por tal motivo, los victimarios no podrán gozar del beneficio del retiro de la actividad delincuencial.

Otro hecho relevante en la populista persecución judicial que quiere desatar Roy Barreras tiene que ver con la estigmatización de la oposición, al señalar que Polo Polo invitó a «asonadas a quienes dispararon contra los jóvenes».

Esa puede ser una frase que aplauda la tribuna petrista, pero a la luz de un proceso judicial, le resultará imposible demostrar que la convocatoria está dirigida a unos pocos ciudadanos que decidieron tomarse la justicia por mano propia, para defender sus bienes y su vida en la toma terrorista de 2021.

De igual forma, resulta contradictorio y hasta disonante cognitivamente, que Roy Barreras se indigne por el estigma, merecido por demás, que significa calificar a Petro como guerrillero, pero no tenga reparo en estigmatizar a la oposición como delincuentes que le disparan a la juventud, todo con tal de ganarse la simpatía de la rabiosa tribuna petrista.

En el fondo, esta es una acción de Roy Barreras para demoler la democracia, haciendo lo posible por encartar a la oposición con procesos judiciales demorados, costosos y aburridores, como mecanismo de «disuasión» para evitar que se ejerza la libertad de manifestar las antipatías y desacuerdos con el Gobierno de Petro.