MinDefensa ordenó investigar mina ilegal junto a base militar, tras denuncias de medios internacionales

El ministro de Defensa anunció una política de “cero tolerancia” frente a la minería ilegal y los delitos ambientales, en medio de un aumento de las operaciones contra estas economías ilícitas en el país.

Según información oficial comunicada por el Ministro, en lo corrido del año las autoridades han intervenido alrededor de 2.500 minas ilegales y destruido cerca de 1.000 máquinas utilizadas para la extracción de minerales, lo que representa un incremento superior al 40 % frente al mismo periodo del año anterior.

El funcionario reiteró que dentro del sector defensa no se permitirá ningún tipo de vínculo, omisión o relación con organizaciones criminales dedicadas a estas actividades, y advirtió que cualquier irregularidad será investigada y sancionada con todo el peso de la ley.

“En respuesta a la información divulgada en medios de comunicación sobre la explotación minera ilegal que habría en los terrenos de una unidad militar en Caucasia, Antioquia, he ordenado una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes con total contundencia”, aseguró Sánchez.

El Ministro dijo que no habrá espacio para la complacencia institucional y que todas las denuncias serán revisadas, al tiempo que se reforzarán los controles operativos contra la minería ilegal, el narcotráfico y otras economías criminales.

También señaló que estas estructuras financian a distintos grupos armados ilegales, por lo que se han intensificado las acciones contra organizaciones como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias armadas.

Finalmente, expresó respaldo a los miembros de la Fuerza Pública que participan en estas operaciones y reafirmó el compromiso del Estado en la lucha contra las economías ilícitas, junto con un llamado a la ciudadanía a denunciar actividades criminales a través de las líneas habilitadas.

Este anuncio se dio luego de que se conociera una investigación del diario The New York Times que reveló que el mayor grupo criminal del país habría estado extrayendo oro de manera ilegal incluso dentro de una base militar, en un esquema que conecta ese metal con el sistema oficial de acuñación de Estados Unidos.

Según el reportaje, el oro obtenido en estas operaciones ilícitas sería introducido en cadenas de comercialización que permiten su exportación, hasta llegar a procesos de refinamiento y legalización en el exterior. En ese recorrido, el metal termina integrado en la producción de monedas oficiales del gobierno estadounidense a través de la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

La investigación señaló que este mecanismo evidencia cómo el oro extraído en contextos de minería ilegal puede ingresar a mercados formales internacionales, pese a los controles existentes sobre su origen.

El caso también expuso cómo organizaciones criminales habrían logrado operar en zonas de alta seguridad, aprovechando fallas de control para sustraer el mineral y moverlo dentro de redes de tráfico internacional.

El reportaje puso el foco en la dificultad de rastrear el origen del oro una vez entra en cadenas globales de suministro, lo que facilita su transformación en productos financieros y monetarios de circulación legal.

La investigación concluyó que este tipo de dinámicas plantea desafíos importantes para los sistemas de control minero y para la trazabilidad de los metales preciosos a nivel mundial.

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