MinComercio habría advertido a la DIAN sobre decreto clave un mes antes de aranceles de EE. UU.

Un documento fechado el “Bogotá D.C., 22 de junio de 2026” deja en evidencia que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo había advertido con antelación sobre la necesidad de expedir una regulación clave en materia aduanera. La comunicación, dirigida al entonces director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt Galeano, tenía como asunto la “Expedición de la reglamentación para la prohibición de importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso”.

En la carta, el Ministerio fue explícito al señalar que, en el marco de discusiones legislativas, se impulsó “una disposición orientada a establecer una prohibición expresa de importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio”. Esta medida no solo respondía a compromisos internacionales, sino que también buscaba blindar al país frente a posibles sanciones comerciales.

El documento subraya que la DIAN tendría un papel central, al asignarle “la responsabilidad de su implementación y reglamentación”, en coordinación con el propio Ministerio. La advertencia no era menor: se trataba de una acción estratégica para alinear al país con estándares internacionales en derechos laborales y comercio.

Además, el texto enfatiza que la iniciativa respondía a “los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de prevención y erradicación del trabajo forzoso”, así como a la necesidad de “preservar la integridad y competitividad de las cadenas de suministro”. En ese contexto, también se menciona que el Consejo Gremial Nacional había recomendado “evaluar con carácter prioritario la adopción de una medida que prohibiera el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso”.

La carta deja ver que no se trataba solo de una recomendación, sino de un llamado urgente a la acción. Durante reuniones interinstitucionales, según el documento, la DIAN “manifestó su disposición y compromiso de liderar la expedición de la reglamentación necesaria para hacer efectiva dicha prohibición”.

Sin embargo, el tiempo jugó en contra. La comunicación también advertía sobre “la importancia estratégica de esta acción para el país y la necesidad de contar con avances concretos en esta materia dentro de los plazos actualmente previstos”. Ese llamado, según se desprende del contexto actual, no se materializó con la rapidez esperada.

Semanas después, Estados Unidos impuso a Colombia un arancel del 12,5%, una medida que analistas vinculan precisamente a la falta de controles suficientemente robustos frente a productos asociados a trabajo forzoso. La coincidencia temporal entre la advertencia y la sanción ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de reacción institucional.

El contenido de la carta sugiere que el Gobierno tenía identificados los riesgos y las acciones necesarias para mitigarlos. No obstante, también pone sobre la mesa interrogantes sobre la coordinación entre entidades y la ejecución de medidas urgentes en momentos críticos.