Saltar al contenido

Más de 12 años de cárcel para la excongresista Tatiana Cabello por exigir parte del salario a integrantes de su UTL

La Sala Especial de Primera Instancia encontró probado que, durante su paso por la Cámara de Representantes, Tatiana Cabello impuso a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo la entrega periódica de parte de sus salarios para conservar sus cargos. La decisión también incluye una multa, la inhabilidad para ejercer funciones públicas y la orden de hacer efectiva su captura cuando la sentencia quede en firme.

IFMNOTICIAS-04
IFMNOTICIAS-04
4 min lectura
Escuchar artículo
Más de 12 años de cárcel para la excongresista Tatiana Cabello por exigir parte del salario a integrantes de su UTL
Foto cortesíaImagen procesada con IA

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a la exrepresentante a la Cámara Tatiana Cabello Flórez por el delito de concusión continuada y en concurso homogéneo, al establecer que durante el periodo legislativo comprendido entre 2014 y 2018 utilizó las facultades propias de su cargo para exigir a varias funcionarias de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) la entrega de una parte de los recursos que recibían por concepto de salario.

La corporación judicial le impuso una pena de 144 meses y un día de prisión, equivalente a poco más de 12 años, además de una multa de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 116 meses y 29 días.

En la sentencia, la Corte determinó que las exigencias económicas fueron realizadas de manera directa por la entonces congresista o a través de personas de su círculo de confianza, quienes se encargaban de transmitir las instrucciones y recibir el dinero. Según el fallo, las entregas se efectuaban mediante consignaciones bancarias, transferencias electrónicas, pagos en efectivo o incluso asumiendo gastos relacionados con el funcionamiento de la oficina parlamentaria.

Las víctimas reconocidas dentro del proceso fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Nelsy Tirado Chacón, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes. De acuerdo con la decisión judicial, todas realizaron aportes económicos como consecuencia de las exigencias formuladas mientras hacían parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de la entonces representante.

Durante la investigación se estableció que, en varios casos, las solicitudes coincidían con ascensos laborales o incrementos salariales. La Corte señaló que algunas funcionarias debían entregar montos cercanos al aumento que recibían, mientras que otras transferían un salario mínimo mensual o una parte considerable de su remuneración para mantener su vinculación laboral.

Para sustentar la condena, la Sala valoró un amplio conjunto probatorio compuesto por testimonios de las víctimas, declaraciones de otros integrantes de la UTL, registros bancarios, actos administrativos relacionados con nombramientos y ascensos, correos electrónicos, mensajes de aplicaciones de mensajería y documentación financiera que permitió seguir el movimiento de los recursos entregados durante el periodo investigado.

En uno de los apartes de la providencia, la Corte sostuvo que la excongresista actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad de su conducta al solicitar recursos económicos a sus colaboradoras aprovechando la autoridad derivada de su cargo. El alto tribunal indicó que esas actuaciones constituyeron un uso indebido de la función pública para obtener beneficios económicos.

La sentencia también negó a Cabello la posibilidad de acceder a la suspensión condicional de la ejecución de la pena y descartó la prisión domiciliaria, por lo que la orden de captura será expedida una vez la decisión quede ejecutoriada. El cumplimiento de la condena se realizará en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Como parte de las medidas adoptadas, la Corte ordenó el pago de indemnizaciones a las cinco víctimas por los perjuicios reconocidos dentro del proceso. Las compensaciones corresponden a los daños materiales y, en algunos casos, a perjuicios morales determinados por la autoridad judicial.

Adicionalmente, la Sala dispuso compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante nuevas investigaciones sobre la excongresista por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, concusión y amenaza, con el propósito de establecer si de los hechos analizados en este proceso se desprenden otras conductas penalmente relevantes. La decisión fue emitida en primera instancia, por lo que podrá ser objeto de los recursos previstos en la legislación antes de adquirir firmeza.

PDF
51462 Sentencia SEP099-2026 del 3-07-2026
PDF · 7.8 MB
Ver documento →

El Vaticano confirmó declaración de cisma a la Fraternidad San Pío X y excomulgó a seis obispos


Compartir:

Noticias relacionadas