JEP respondió a la Fiscalía: Justificó su modelo de justicia y rechazó traslado masivo de procesos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió a un oficio enviado por la fiscal general Luz Adriana Camargo el pasado 14 de julio, en el que la Fiscalía manifestaba su preocupación por la demora en el cierre de procesos judiciales relacionados con el conflicto armado.

En su respuesta, la JEP aclaró que su mandato no se enfoca en casos individuales sino en el esclarecimiento de patrones macrocriminales y la identificación de máximos responsables.

La jurisdicción señaló que, conforme al modelo de justicia adoptado, no le corresponde resolver masivamente investigaciones en etapas preliminares o sin vocación de éxito, las cuales pueden ser cerradas por la Fiscalía en ejercicio de sus competencias legales.

En ese sentido, advirtió que trasladar dichos procesos únicamente para cerrarlos sería contrario a los principios de eficiencia, economía procesal y temporalidad.

Así mismo, la JEP afirmó que los expedientes requeridos a la Fiscalía responden a la lógica de trabajo establecida por la justicia transicional, y reiteró que no está llamada a asumir miles de investigaciones iniciadas en la justicia ordinaria que no cumplen con los criterios mínimos de identificación.

Como parte de su respuesta, la jurisdicción especial propuso fortalecer las rutas de articulación con la Fiscalía y continuar con los mecanismos existentes de coordinación institucional, con el objetivo de avanzar en los resultados que exige el sistema de justicia transicional.

Desde hace años, la Fiscalía y la JEP han trabajado conjuntamente en la integración y depuración de la información relacionada con el conflicto armado. El Grupo de Análisis de la Información de la JEP ha procesado más de 1.000 informes, incluyendo 17 provenientes de la Fiscalía, así como más de 100 bases de datos.

Durante este proceso, la JEP identificó inconsistencias en los registros de la Fiscalía, entre ellas:

• Imputaciones sin identificar plenamente a los presuntos responsables
• Uso de alias sin verificación
• Duplicación de registros
• Errores en la clasificación de víctimas y victimarios.

Un ejemplo citado por la JEP señala que el inventario entregado por la Fiscalía incluía 223.282 casos sin eliminar duplicados, y que los 280.471 registros de indiciados incluían también víctimas o personas sin plena identificación. Incluso se encontraron nombres de estructuras armadas, como columnas de las antiguas Farc, listadas como presuntos responsables sin individualización.

Con base en la integración de diversas fuentes, entre ellas los sistemas SPOA, SIJUF y SIJYP, la JEP consolidó un universo de 407.081 procesos, depurando 219.963 personas únicas como presuntos responsables y 318.360 personas únicas como víctimas.

Esta información, según la JEP, es clave para avanzar en el esclarecimiento de la verdad y la definición de las situaciones jurídicas de los comparecientes sometidos, tarea que recae en diferentes salas de la jurisdicción, incluida la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Esta semana, el Congreso debatirá reforma constitucional, crisis agropecuaria y proyectos ambientales