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JEP entregó el cuerpo de Óscar Avellaneda, desaparecido y presentado como baja en combate en Casanare

Tras casi dos décadas de incertidumbre, la familia de Óscar Avellaneda Rodríguez recibió sus restos en una ceremonia de entrega digna realizada en Cundinamarca. La Jurisdicción Especial para la Paz informó que los aportes de verdad realizados por comparecientes de la fuerza pública fueron determinantes para esclarecer los hechos.

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JEP entregó el cuerpo de Óscar Avellaneda, desaparecido y presentado como baja en combate en Casanare
Foto: JEP.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó sobre la entrega digna del cuerpo de Óscar Avellaneda Rodríguez a sus familiares, un hecho que marcó el cierre de una búsqueda que se prolongó durante casi 20 años.

La ceremonia se realizó el pasado 30 de abril en Mesitas del Colegio, Cundinamarca, municipio donde Avellaneda creció y donde aún reside gran parte de su familia.

La recuperación e identificación de sus restos fue posible gracias a los aportes de verdad entregados por integrantes de la Brigada XVI del Ejército Nacional que comparecieron ante la justicia transicional.

La reconstrucción de los hechos estableció que fue señalado falsamente de participar en actividades delictivas. Esa información fue utilizada por integrantes de la Brigada XVI para justificar una operación en su contra.

Según explicó la JEP, las investigaciones adelantadas por la Subsala Casanare de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal, permitieron reconstruir lo sucedido y establecer el paradero de la víctima.

De acuerdo con la Justicia Especial para la Paz, Óscar Avellaneda Rodríguez había llegado a finales de 2005 al municipio de Maní, Casanare, en busca de oportunidades laborales. Allí trabajaba en actividades relacionadas con montallantas para vehículos pesados, una labor con demanda en una región marcada por la actividad petrolera y el transporte de carga.

Su comunicación constante con la familia se interrumpió en diciembre de 2006, ante la ausencia de noticias, sus allegados iniciaron una búsqueda que incluyó denuncias ante las autoridades y llamados a través de emisoras radiales. Sin embargo, durante años no obtuvieron respuestas sobre su paradero.

La familia continuó indagando pese a las advertencias y temores generados por la presencia de actores armados en la zona. La incertidumbre sobre su destino se mantuvo durante casi dos décadas.

De acuerdo con las investigaciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad dentro del Subcaso Casanare del Caso 03, Óscar Avellaneda fue asesinado el 10 de enero de 2007 en Aguazul, Casanare, y posteriormente presentado de manera fraudulenta como una baja en combate.

La reconstrucción de los hechos estableció que fue señalado falsamente de participar en actividades delictivas. Esa información fue utilizada por integrantes de la Brigada XVI para justificar una operación en su contra.

Según la JEP, militares lo abordaron en Maní, donde se encontraba compartiendo con otras personas, y bajo engaños lo trasladaron en un vehículo oficial. Posteriormente fue llevado hasta una zona rural de Aguazul, donde fue asesinado.

Después de su muerte, su cuerpo fue alterado para simular un enfrentamiento armado. Más tarde fue trasladado al cementerio de Aguazul, donde fue sepultado como una persona sin identificar.

Las labores de búsqueda avanzaron significativamente en 2022, cuando la UBPD realizó una intervención humanitaria en el cementerio de Aguazul. Con la información suministrada por comparecientes y los elementos recopilados durante la investigación, varios cuerpos fueron trasladados para adelantar análisis forenses.

A finales de 2025, Medicina Legal logró identificar a Óscar Avellaneda mediante pruebas genéticas practicadas con muestras de sangre de su padre, Ciro Avellaneda, los análisis arrojaron una coincidencia genética del 99 %, resultado que fue corroborado mediante la verificación de registros dactilares.

La JEP destacó que esta entrega constituyó un acto de reconocimiento, memoria y reparación para los familiares de la víctima, además de reafirmar el derecho de las familias a conocer la verdad sobre lo ocurrido.

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