Grave denuncia ante la ONU: Fondos de la “Paz Total” podrían estar financiando a grupos terroristas en Colombia

Una denuncia presentada ante el Comité Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha encendido las alarmas sobre las posibles irregularidades en la iniciativa de “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro. El informe fue presentado por la firma internacional de abogados Víctor Mosquera, reconocida por su estatus consultivo ante la ONU y la OEA. En este, se acusa al gobierno colombiano de destinar recursos públicos para financiar actividades terroristas perpetradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc-EP.

El documento señala que los fondos asignados para promover los diálogos de paz con estos grupos habrían terminado por financiar acciones criminales, lo que constituiría una violación directa de las obligaciones internacionales de Colombia en la lucha contra el terrorismo. Según el abogado Víctor Marín, “el uso de recursos del Estado para financiar actividades terroristas es una violación flagrante de los compromisos internacionales de Colombia”. El informe también cuestiona los mecanismos de control gubernamentales, alegando que han sido insuficientes para evitar el mal uso de estos recursos.

Crisis en los diálogos de paz

Actualmente, el gobierno de Gustavo Petro ha establecido mesas de negociación con varias organizaciones armadas ilegales, como las disidencias de la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central de las Farc y el ELN. Sin embargo, estos diálogos no han avanzado como se esperaba, y las negociaciones con otros grupos, como las disidencias de Iván Mordisco, han colapsado.

La operación militar del Ejército en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, donde el gobierno busca retomar el control tras el fracaso de las negociaciones, refleja la complejidad de este proceso de paz. A pesar de las dificultades, el gobierno ha extendido el cese bilateral del fuego con las disidencias comandadas por alias Calarcá, una medida contemplada en el Decreto 1280 de 2024 y que estará vigente hasta abril de 2025.

Impacto internacional

La denuncia ante la ONU representa un golpe significativo para el gobierno de Gustavo Petro y su proyecto de paz total. La firma Víctor Mosquera ha instado a la comunidad internacional a tomar medidas para asegurar que los fondos destinados a estos diálogos no sigan siendo desviados hacia actividades terroristas. Este escándalo plantea serios cuestionamientos sobre la viabilidad de los acuerdos en curso y sobre el futuro de la política de paz del gobierno actual.

Mientras tanto, el gobierno continúa apostando por el diálogo con grupos armados como el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia, a pesar de los reveses y las críticas crecientes. Queda por ver si estos esfuerzos realmente conducirán a una paz duradera o si, como lo sugieren las recientes denuncias, están sirviendo para perpetuar el ciclo de violencia en el país.