La Gobernación del Valle del Cauca reiteró su preocupación por la situación financiera que enfrentó la red hospitalaria del departamento debido al retraso en el pago de recursos por parte de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional.

Según informó la mandataria departamental, Dilian Francisca Toro, la falta de estos giros comprometió el funcionamiento de las instituciones prestadoras de salud y aumentó el riesgo de suspensión de servicios para miles de usuarios.

Toro recordó que el departamento ya había declarado una crisis humanitaria en salud y aseguró que el incumplimiento en los pagos correspondientes a los meses de mayo y junio agravó el panorama. Explicó que la ausencia de recursos limitó la capacidad operativa de hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas, y puso en riesgo la continuidad de la atención médica.

La gobernadora informó que el valor mensual correspondiente a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de los regímenes subsidiado y contributivo ascendía a 789.000 millones de pesos para el departamento. Sin embargo, indicó que hasta ese momento únicamente se habían girado 289.000 millones de pesos, lo que dejó un faltante cercano a los 500.000 millones.

La mandataria manifestó que las autoridades departamentales desconocían el destino de esos recursos. Aunque señaló que habían sido informados sobre algunos giros de tesorería efectuados por las EPS hacia la red de prestadores, afirmó que no existía claridad sobre el procedimiento utilizado ni sobre la forma en que dichos pagos estaban siendo aplicados.

Toro advirtió que el déficit de recursos también representó un riesgo para los pacientes que permanecían hospitalizados en diferentes instituciones del departamento.

Como ejemplo, explicó que la red pública tendría que reorganizar la atención de 463 usuarios afiliados a Emssanar en caso de presentarse cierres de servicios.

Detalló que esa eventual redistribución involucraría a 190 pacientes atendidos en el Hospital Universitario del Valle, institución que, según indicó, solo recibió 333 millones de pesos durante junio. También mencionó que la medida alcanzaría a 78 pacientes del Hospital Isaías Duarte Cancino, 133 del Hospital San Juan de Dios y 62 de la Fundación Club Noel, entre otros centros asistenciales.

Ante ese panorama, la gobernadora insistió en que, si no se garantizaba una distribución razonable de los recursos para la red pública y privada, numerosos servicios tendrían que suspender su funcionamiento, lo que incrementaría las barreras de acceso para los pacientes y afectaría especialmente a quienes requerían atención prioritaria.

Finalmente, hizo un llamado al presidente de la República, al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a los organismos de control para que adoptaran medidas frente a la situación. Solicitó una intervención inmediata que permitiera esclarecer el manejo de los giros de tesorería y garantizar el flujo de recursos hacia las instituciones prestadoras de salud.

La mandataria también recordó que el 76 % de los habitantes del Valle del Cauca se encontraba afiliado a EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, una condición que, según afirmó, incrementó la vulnerabilidad del sistema de salud del departamento frente a la falta de financiación.

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