Fundaciones rechazaron señalamientos de Petro sobre presunto fraude electoral y defendieron la transparencia de los comicios
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que cuestionó la integridad de las elecciones presidenciales, podrían afectar la confianza ciudadana y alimentar la desinformación. Además, destacaron que el sistema electoral colombiano cuenta con amplias garantías de control, auditoría y vigilancia.
Tres reconocidas organizaciones de la sociedad civil expresaron este lunes su rechazo a las declaraciones del presidente Gustavo Petro relacionadas con la transparencia de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 31 de mayo, al considerar que sus afirmaciones carecen de pruebas y podrían poner en riesgo la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.
A través de un pronunciamiento conjunto, la Fundación Colombia 2050 (FC2050), el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia) manifestaron su preocupación por los cuestionamientos realizados por el jefe de Estado sobre el proceso electoral.
Las organizaciones señalaron que rechazan “categóricamente las recientes afirmaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en las que puso en duda, sin razón alguna, la integridad del proceso electoral con ocasión de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026”.
Según las entidades, en momentos de alta sensibilidad política resulta fundamental preservar la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el desarrollo de las elecciones y respetar los mecanismos establecidos por la ley para resolver cualquier controversia.
El comunicado recuerda que la Veeduría Entorno Electoral 2026, adelantada por la Fundación Colombia 2050 y el Instituto de Ciencia Política, había identificado previamente una creciente narrativa de desconfianza alrededor de las elecciones en espacios digitales. De acuerdo con el análisis realizado mediante la plataforma de inteligencia social Nikka, la asociación entre conceptos como fraude, resultados electorales y desconfianza institucional alcanzó niveles críticos durante la campaña.
Las organizaciones advirtieron que este tipo de narrativas pueden generar interpretaciones erróneas sobre el proceso democrático y llevar a que cualquier situación propia de una jornada electoral sea presentada como evidencia de manipulación, aun cuando no existan pruebas que respalden dichas acusaciones.
“Las recientes afirmaciones del presidente de la República confirman la gravedad de este riesgo”, señala el documento, que además sostiene que insistir en sospechas no verificadas desde la máxima autoridad del Estado puede amplificar la desinformación y generar tensiones innecesarias en el escenario postelectoral.
Como parte de su defensa del sistema electoral colombiano, las entidades destacaron la magnitud de los controles y actores involucrados en la organización y vigilancia de los comicios. Según el comunicado, más de 860.000 jurados de votación, 500.000 testigos electorales, 300.000 miembros de la Fuerza Pública, 40.000 servidores de la Organización Electoral, 50.000 funcionarios de organismos de control, 4.000 observadores nacionales y 1.300 observadores internacionales participaron en la supervisión de la jornada.
Asimismo, resaltaron que el proceso electoral colombiano cuenta con “suficientes garantías técnicas, institucionales y de control ampliamente consolidadas”, las cuales permiten la trazabilidad y auditoría de cada una de sus etapas.
Las organizaciones también recordaron que los formularios electorales utilizados durante el escrutinio pudieron ser fotografiados por los testigos electorales, digitalizados y divulgados públicamente por la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo que constituye una herramienta adicional de verificación ciudadana.
En otro de los puntos centrales del pronunciamiento, las entidades insistieron en que cualquier denuncia sobre posibles irregularidades debe estar respaldada por evidencia verificable y ser presentada ante las autoridades competentes.
“A la fecha, no se conocen pruebas públicas que respalden las afirmaciones realizadas por el presidente de la República”, indicaron, al tiempo que subrayaron que la transparencia democrática se fortalece mediante hechos comprobables y no a través de especulaciones.
Igualmente, recordaron que el preconteo de votos tiene únicamente un carácter informativo y que los resultados con validez jurídica corresponden a los escrutinios realizados por las comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral.
Finalmente, la Fundación Colombia 2050, el Instituto de Ciencia Política y la Fundación para el Estado de Derecho reiteraron su respaldo a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio libre del voto.
“Hoy más que nunca, Colombia requiere instituciones fuertes, garantías para todos los actores políticos y un compromiso colectivo con la defensa de la democracia”, concluye el documento firmado por Juan Carlos Galindo Vacha, Carlos Augusto Chacón Monsalve y Andrés Caro Borrero.

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