La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, expidió la Directiva Vicepresidencial 01 de 2026, mediante la cual instó a diferentes entidades del Gobierno nacional a adelantar las acciones necesarias para concretar la consulta previa relacionada con la reglamentación integral de la Ley 70 de 1993 que reconoce a las comunidades afro del país.

Esta ley, además, tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes.

De acuerdo a la comunicación, la disposición estuvo dirigida principalmente a los ministerios del Interior y de Hacienda y Crédito Público, así como a las demás entidades nacionales vinculadas al proceso, con el objetivo de definir las condiciones operativas, administrativas y presupuestales requeridas para desarrollar la consulta.

Según lo establecido en la directiva, la reglamentación de esta norma fue considerada una prioridad para el Gobierno nacional debido a su importancia en la protección y garantía de los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

De esta forma, la Vicepresidencia solicitó al Ministerio del Interior priorizar la realización de la consulta previa del proyecto de Decreto Reglamentario Integral de la Ley 70 de 1993 y adelantar las actuaciones necesarias para asegurar el desarrollo del proceso.

Asimismo, la entidad deberá establecer una ruta institucional que permita coordinar las distintas etapas de la consulta y presentar un cronograma detallado de su ejecución. La directiva también dispuso la obligación de reportar periódicamente los avances alcanzados y garantizar la participación de las entidades estatales competentes en la materia.

El documento destacó la necesidad de mantener una articulación permanente entre las instituciones involucradas con el fin de asegurar que el proceso consultivo se desarrollara conforme a los lineamientos establecidos y con la participación efectiva de los sectores convocados.

Dentro de las instrucciones impartidas, el Ministerio de Hacienda quedó encargado de coordinar las acciones necesarias para garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para la culminación de la consulta previa.

La directiva señaló que esa cartera debía asegurar que el Ministerio del Interior contara con la financiación necesaria para el desarrollo de las actividades programadas y atender eventuales requerimientos presupuestales adicionales que surgieran durante la ejecución del proceso.

Con esta medida, el Gobierno buscó establecer condiciones que permitieran el avance de la reglamentación sin contratiempos relacionados con la financiación de las etapas previstas.

Adicional a lo que se mencionó al inicio, vale recordar que la Ley 70 de 1993 promueve el fortalecimiento de sus procesos de desarrollo económico, social y cultural, respetando sus tradiciones, conocimientos y formas de vida.

Y que la reglamentación integral de esta ley ha sido considerada un paso importante para consolidar la aplicación de sus disposiciones y fortalecer los mecanismos de protección de estas comunidades.

Según se sabe hasta el momento, el impulso a esta iniciativa tiene como antecedente el artículo 351 del Plan Nacional de Desarrollo, que estableció la elaboración de un plan para la reglamentación e implementación de la Ley 70 de 1993, junto con la identificación de recursos específicos para su ejecución.

De igual forma, mediante el Decreto 1188 de 2024, el presidente Gustavo Petro asignó a la vicepresidenta Francia Márquez funciones de coordinación interinstitucional e intersectorial relacionadas con políticas orientadas al cierre de brechas en el acceso a derechos sociales, económicos y culturales.

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